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Héctor Villegas: Juicios menos caros para el Gobierno de la ciudad

OPINIÓN

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La política que el gobierno de la Ciudad de México utilizó durante varios años para resolver conflictos jurisdiccionales que implican cargos al erario se convirtió en una bomba de tiempo, ante la falta de recursos para el cumplimiento de los laudos, lo que ha derivado en el extremo de la destitución de servidores públicos de primer nivel. Hubo un descuido institucional en la autorización de recursos financieros, que obstaculizó una justicia pronta, expedita y eficaz, que ha costado al erario miles de millones de pesos. En el gobierno se dejó en el olvido la atención preventiva, de negociación y conciliación ante la absurda política de agotar hasta las últimas instancias o retrasar el cumplimiento de laudos o sentencias, incrementando los adeudos, al tener que pagar salarios caídos, prestaciones, gastos financieros o actualizaciones incluso superiores a 15 años. Muchos casos fueron despidos injustificados, que arrastramos desde 1999, sumándose al mal seguimiento de algunas áreas jurídicas de dependencias u organismos del gobierno. Esta política “favoreció” a trabajadores y abogados, quienes al final de sus juicios obtenían sumas económicas que no se hubieran logrado si esos asuntos se hubiesen atendido en tiempo y forma. En el gobierno, se vino actuando hasta que el Jefe de Gobierno estaba en peligro de ser destituido. Los criterios políticos determinaron cómo resolver los conflictos jurisdiccionales, después operaban criterios económicos y finalmente jurídicos. Hoy queremos revertir esa situación, y que predomine lo jurídico. Hay más de 8 mil 300 juicios laborales o de nulidad en los que se demandó al Jefe de Gobierno y al Consejero Jurídico desde 1990, 5 mil 197 se presentaron entre 2001 y 2010 y dos mil 943 entre 2011 y 2018. El gobierno de la doctora Sheinbaum recibió 2 mil 986 juicios laborales iniciados en anteriores administraciones. De ellos, 45% —es decir mil 323—corresponde a las alcaldías, donde Iztapalapa y Gustavo A. Madero concentran la mayor cantidad. Otro 27% —827— corresponde a dependencias; ahí las secretarías de Seguridad Ciudadana y de Salud son las que tienen mayor número. Finalmente, el 28% restante —836— es de organismos como el DIF, Sistema de Transporte Colectivo y Sistema de Transportes Eléctricos. Atender estos dos mil 986 juicios implica mil 57 millones de pesos, monto que aumenta día con día. Y si esta cifra pareciera alta, ¿qué opinan de que entre 2007 y 2018 se pagaron casi 7 mil millones de pesos por juicios laborales? En 2019, el presupuesto del Programa de Pensión a Alimentario a los Adultos Mayores será de 7 mil 586 millones de pesos. Ahora vamos a buscar que ese tipo de juicios no salgan tan caros. Vamos a privilegiar la negociación y la conciliación. Estamos dando pasos firmes para homologar criterios con las áreas jurídicas de las dependencias, organismos y alcaldías, a fin de que los conflictos laborales, de nulidad o derivados de contratos civiles, no se conviertan en un cheque en blanco para abogados que litigan en contra de los intereses de la ciudad. En este proceso caminaremos con la Secretaría de la Contraloría General y de Administración y Finanzas, muy vinculadas al tema. Vamos hacia una etapa que defienda los intereses de la ciudad y cumpla las resoluciones en materia laboral, administrativa y de carácter civil.