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Manuel Mercado Béjar: "De la densidad a la realidad"

La mejor política ambiental, es aquella que promueve y regula, y no aquella que obstaculiza

OPINIÓN

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En los últimos años, el sector inmobiliario en México, particularmente en el turismo, ha alcanzado gran éxito. La inversión aumentó; el afluente de turistas creció sistemáticamente y la marca país en materia de inversión inmobiliaria incrementó su prestigio. Sin embargo, como todas las historias de éxito, existen riesgos colaterales que deben ser considerados para impedir, que este sector, tan importante para nuestro país, se convierta en víctima de su propio éxito. Existen dos factores que son pilares fundamentales en cualquier negociación inmobiliaria, sobre todo, cuando hablamos de esquemas en los que la tierra, es la aportación más importante de uno de los socios, por ejemplo, como patrimonio fideicomitido aportado a un fidecomiso. Estos dos factores son: tenencia de la tierra, y vocación ambiental del terreno. Es decir, los riesgos en la cadena del título de propiedad; y las cargas regulatorias que la tierra pueda soportar. Es indudable que la tierra vale tanto por su ubicación estratégica, como por su vocación ambiental. La política y la normativa ambiental pretende garantizar que los impactos ambientales de los desarrollos no “ahoguen” los centros de población. Por ejemplo, la legislación ambiental reconoce el derecho de “todos” a participar en los instrumentos normativos de un proyecto. Por ello, el proceso en una Manifestación de Impacto Ambiental implica un esquema que conlleva una consulta pública. Esto no solo es deseable para quien pretende expresarse respecto a sus inquietudes ambientales, sino para el dueño del terreno que debe tener la garantía absoluta del estado, de que una vez concluidos los procesos que la ley determina, habrá certeza jurídica en su inversión. Es también común en los centros poblacionales más desarrollados, y donde se ha vuelto atractivo invertir, que los programas de Desarrollo Urbano municipales, modifiquen densidades pretendiendo encontrar equilibrio entre el éxito de inversión del lugar, y las necesidades ambientales del mismo. Es importante que las densidades permitidas atiendan a la realidad social, y que se busque el desarrollo, la inversión y la promoción de proyectos, siempre estableciendo esquemas regulatorios que incentiven la sustentabilidad en toda inversión. Prohibir u obstaculizar proyectos, no sólo desperdiciará la oportunidad de empleos, derrama económica, y crecimiento, sino que dará paso a la generación de actividades que no estén reguladas por el estado, y con fines mucho más nocivos para los centros poblacionales. La mejor legislación y política ambiental, es aquella que promueve, al tiempo que regula, no aquella que obstaculiza, al tiempo que impide.  

COLABORADOR

@MANUELMERCADOB