“No, porque no tenemos todavía la reforma al 35 constitucional. Cuando tengamos la reforma al 35 constitucional”, dijo el miércoles el presidente López Obrador en su conferencia mañanera, cuando le preguntaron si habrá o no consulta –como la había anunciado- el 21 de marzo sobre si debe investigarse a los expresidentes.
Plausible. Es lo correcto, legal y democrático. Hizo lo que debía: su gobierno no puede organizar un ejercicio que no está regulado por la ley. Hacer sólo lo que la legislación permite, es de quienes respetan el estado de derecho.
El asunto es que el episodio de legalidad viene antecedido de otros capítulos cargados de todo lo contrario.
Si no iban a hacerse más consultas “porque no tenemos todavía la reforma al 35 constitucional”, ¿por qué se armó una para avalar la puesta en marcha de la termoeléctrica en Huexca, Morelos, en medio de protestas y con el asesinato de un líder social opositor al proyecto, Samir Flores, la semana previa a que se llevara a cabo?
Si no iban a hacerse más consultas “porque no tenemos todavía la reforma al 35 constitucional”, ¿por qué, a sólo unos días de asumir la Presidencia, AMLO organizó una “consulta” sobre 10 proyectos prioritarios de su gobierno?
Esa consulta fue casi una calca de la que derivó en la cancelación del Aeropuerto, meses atrás, en plena transición, cuando tampoco había artículo 35 constitucional que la avalara: estuvo a cargo de la Fundación Rosenblueth, las mesas se instalaron en los mismos lugares –“porque la gente ya sabe dónde están”, dijeron cercanos al entonces presidente electo-, hubo boletas sin foliar, y la cadena de custodia de las urnas estuvo a consideración de los encargados de las mesas. Ah, y la financiaron, también, militantes de Morena. Las consultas, no nos engañemos, no dependen de si hay o no artículo 35 constitucional que las norme, sino de la decisión de una persona. Se harán cuando López Obrador diga, como él diga y donde él diga.
Lo interesante de la cancelación de la consulta del 21 de marzo no es tanto la interrupción de la misma, sino las razones que llevaron al viraje en la determinación.
En campaña, el presidente había prometido enjuiciar a sus antecesores –lo que no corresponde hacer, por cierto, al titular del Ejecutivo-. Ya en transición, desaceleró sobre el tema, pero luego ofreció someter la decisión a consulta.
En ese mismo ejercicio, anunció el presidente, se preguntaría a los ciudadanos si se avalaba o no la Guardia Nacional. Se entiende que, si los Congresos de las 32 entidades del país ya dieron su visto bueno para aprobar el cuerpo de seguridad, es ocioso preguntar si va o no. Pero en cuanto a meter freno de mano a la consulta sobre investigar ex presidentes, sólo puede tener dos explicaciones: AMLO calculó y decidió que, políticamente, no le convenía echar más leña a la polémica con exmandatarios o algo ocurrió entre él y uno o varios de sus antecesores que lo llevó a cambiar lo anunciado.
Como sea, la culpa no es del 35 constitucional. Pero, para salir de dudas, una vez reformado ese artículo, veamos si el asunto se reactiva o de plano termina por ser enterrado.
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