Escuchar para gobernar debería ser un principio básico para cualquier representante popular, y la sociedad debería exigirlo, sobre todo hoy que el gobierno utiliza el hartazgo hacia la política para descalificar la experiencia o preparación, como si estuvieran reñidos con la honradez u honestidad, peor aún: para echar por la borda logros fundamentales como las estancias infantiles.
Hacer valer todas las voces es vital hoy que los integrantes de la autodenominada Cuarta Transformación se olvidan que ya ganaron y siguen ocupados en condenar el pasado y destruir cualquier programa que simbolice logros ajenos, pero sin proponer alternativas y sin conocer la diversidad a la que ahora están obligados a representar.
México vive días cruciales. El gobierno federal y su mayoría en el Congreso hacen valer sus votos, lo mismo para recortar presupuestos de organismos autónomos que para eliminar requisitos de preparación y experiencia en puestos clave de la administración pública. Y lo que no ocurre en el Congreso, ¿por qué no se resuelve mediante oficios? La fuerza de la voluntad y la popularidad contra la legalidad.
Es el caso del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (Conacyt). La comunidad científica del país no sale de su asombro ante la iniciativa que la senadora de Morena, Ana Lilia Rivera, presentó para crear una ley general de Ciencia, Tecnología e Innovación. Una propuesta de “oídos sordos” para una institución como el Conacyt, que si algo requiere es vincularse con los sectores público, social y privado del país y del mundo, para impulsar la tarea que, por cierto, no realiza la institución como tal, sino las mentes más capacitadas y relevantes de nuestro país.
De darse el proceso centralizador propuesto (muchos queremos pensar que no es la apuesta final ni formal de Morena ni de la actual administración federal), la toma de decisiones en la materia retrocedería al menos 20 años.
La iniciativa morenista pretende facultar al Conacyt como la única institución capacitada para aconsejar, formular, implementar y evaluar políticas públicas en la materia. ¿El gobierno que pretende combatir los privilegios de unos cuantos y la corrupción se arriesgará a ser acusado de sesgos en sus decisiones y de opacidad?
De prosperar esa visión, se excluiría a la SEP, se perdería la coordinación con los gobiernos estatales y desaparecería el Foro Consultivo, que involucra a las instituciones de educación superior, las academias y las cámaras industriales, hasta ahora de enorme valía para el Conacyt, el Congreso y la sociedad en su conjunto.
Una iniciativa bien intencionada puede corregirse y enriquecerse en el proceso de dictaminación. Esperamos que haya apertura, pues ostentar un cargo de representación popular significa escuchar todas las voces con humildad, admitiendo que un triunfo electoral no hace sabio a nadie y que sí ofrece la oportunidad de enriquecer visiones, pero sobre todo de responder a la confianza de la sociedad, sumando esfuerzos para entregar los mejores resultados.
Diputada Federal del PRI
@analiliaherrera