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Conectar al México rezagado

El panorama del sector en México ha evolucionado con rapidez, al tener ya 70 millones de usuarios de internet y 80 millones de telefonía móvil

OPINIÓN

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En la actualidad, cada vez cobra mayor fuerza la conceptualización del acceso a internet como un derecho, incluso ha sido considerado como un derecho humano de cuarta generación. Inmersos -como estamos- en plena revolución digital, el sector telecomunicaciones es a todas luces estratégico para el país, por lo que la agenda de inclusión digital y reducción de las brechas en la materia debe ser un asunto prioritario. Es de reconocerse que el panorama del sector en México ha evolucionado con rapidez, al tener ya 70 millones de usuarios de internet y 80 millones de telefonía móvil. También es cierto que la reforma en telecomunicaciones significó ampliar los cauces para la competencia, apertura y un marco regulatorio más robusto que el previo. Sin embargo, las cifras oficiales muestran con contundencia la otra cara de la moneda: prácticamente la mitad de los hogares mexicanos carecen de conexión y existen desigualdades regionales inaceptables, ya que si bien en los estados que registran mayor conectividad (Sonora, Baja California Sur y la Ciudad de México) la proporción de hogares con el servicio es de 80%, en los más rezagados (Chiapas, Tlaxcala y Guerrero), el promedio baja a un ínfimo 25% de las familias conectadas. La nueva administración federal ha trazado una ruta ambiciosa en este tema, que es aumentar seriamente la cobertura en todo el territorio para conectar a las comunidades hasta hoy excluidas de la era digital. Ya sea por falta de infraestructura instalada, por razones de mercado o por una baja densidad poblacional. ¿Por qué resulta de capital importancia hacer realidad el derecho a internet, capaz incluso de convertirse en un factor trascendental y definitorio para el desarrollo nacional? Por una razón elemental: es un derecho potenciador y catalizador del ejercicio, y puesta en práctica de otros derechos humanos fundamentales. Esto es, facilitar al máximo la conectividad no sólo abre las puertas de la información y la comunicación a la gente; no se trata simplemente de prestar servicios públicos de manera eficiente y menos burocrática; va mucho más allá, puede constituir una plataforma social para llevar a los hogares mayor y mejor educación, servicios de salud, inclusión financiera, programas sociales, esquemas interactivos de seguridad, oportunidades de trabajo, entre otros. El artículo sexto constitucional consagra de manera explícita este derecho, de ahí que es tarea del Estado garantizar su aplicación y exigibilidad. Democratizar internet y fortalecer las capacidades digitales de la población es una meta con un potencial transformador con mayores dimensiones de las que podrían imaginarse. Sería un acierto hacer uso de todos los instrumentos de política pública disponibles para que se lleve a cabo a fondo y con plena determinación institucional.  

@duarte_tellez