Una de las ideas más ambiguas en la historia política de México sitúa al PRI como un partido creador de instituciones y al mismo tiempo como un ente cuya naturaleza vertical de poder tiende a socavarlas, volverlas inservibles y desaparecerlas. Podría citar decenas de ejemplos, pero es más más útil emplear dos recientes: el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de Búsqueda de personas.
En el gobierno priísta de Enrique Peña ambos sistemas fueron rehenes de la vieja artimaña de la simulación que consiste en crear una institución ideal en un proyecto para de inmediato reducir y limitar su papel en la vida pública por distintas vías: regatear o negarle presupuesto suficiente o posponer hasta el infinito nombramientos y áreas indispensables para su funcionamiento.
El propósito de la simulación política es poner en manos de la ciudadanía un proyecto perfecto en el papel y las leyes y para después sepultarlos con el tiempo. Así sucedió en el gobierno de Peña con los sistemas aprobados para combatir la corrupción y hacer posible la búsqueda digna y efectiva de las personas desaparecidas.
La pregunta que todos nos hacemos es si la vieja simulación priísta desaparecerá o solo se transformará y adquirirá las formas propias del obradorismo.
Una de las pruebas más complicadas para el nuevo gobierno es poner en marcha efectivamente el Sistema Nacional de Búsqueda. A dos semanas de terminar su periodo, el gobierno de Peña lo declaró instalado bajo los modos tradicionales de la simulación: la mitad de los 42 representantes no se constituyeron y un Plan Nacional de Búsqueda fue aprobado de manera unilateral, sin consultar a los familiares de las víctimas ni a las organizaciones de la sociedad civil comprometidas con el tema hace años.
Otra pista del juego político de las apariencias fue el presupuesto aprobado el año pasado: 468 millones de pesos, de los cuales sólo se liberaron seis millones para atender una tragedia de estas proporciones: 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses.
A diferencia de un buen número de instituciones donde los nombramientos en cargos de alta responsabilidad han recaído en personas sin experiencia que hacia abajo han replicado el mismo error, la designación de Alejandro Encinas como subsecretario encargado de los derechos humanos en la Secretaría de Gobernación permite albergar esperanzas de que este instrumento finalmente funcionará y que junto con el presupuesto de 400 millones aprobado por el Congreso el Estado atenderá una tragedia largamente ignorada y tratada con desdén.
Si Encinas desea que las cosas sean diferentes, lo primero que debe hacer es integrar a esta tarea a las familias de los desaparecidos. Por justicia el Estado les debe mucho, empezando por reconocerles el derecho de sumarse a la búsqueda de sus seres queridos.
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