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Senadores: ¡frenen el militarismo!

Se ha ordenado que las Fuerzas Armadas vigilen miles de kilómetros de ductos de Pemex

OPINIÓN

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Aunque no lo reconozca, el Presidente de México, el uso que hace de las Fuerzas Armadas, FA, en todos los ámbitos del quehacer de su gobierno le otorga al estamento militar un pasaporte a los sótanos más recónditos de la política nacional. Y, con ello, rompe con uno de los logros más importantes de los constructores del moderno Estado mexicano, que fue la subordinación del aparato militar al poder civil. Y sucedió cuando muchos de sus promotores eran integrantes de las Fuerzas Armadas. Esa separación fue un logro tan importante como la separación entre Estado e Iglesia en el siglo XIX. Dos partos dolorosos sin los cuales México no habría podido entrar en la modernidad. El modelo de asociación que se plantea hoy con las Fuerzas Armadas, convirtiéndolas en “socio productivo” del Estado mexicano, a la usanza de las “empresas productivas del Estado” como Pemex o CFE, tiene implicaciones de largo plazo, tanto en el ámbito de la seguridad nacional, como en la economía, la sociedad y la política. Y rompe con la tradición de la subordinación militar a la autoridad civil. Por lo pronto, se ha ordenado que las Fuerzas Armadas vigilen miles de kilómetros de ductos de Pemex para combatir el huachicol, además de seguir con la tarea de enfrentar a las células del narcotráfico que, aparentemente, han intensificado sus trasiegos de droga, medido por el notorio incremento en la violencia y el aumento de homicidios. Junto con esa tarea, se propone que las Fuerzas Armadas se encarguen de dirigir, organizar, adiestrar y equipar a la Guardia Nacional, que sería una policía militarizada. Además de las tareas de seguridad nacional, ahora se propone que las Fuerzas Armadas construyan el aeropuerto civil de Santa Lucía, trasladando el aeropuerto militar a otro espacio, mismo que también se tendrá que construir. Para ello, se propone que las Fuerzas Armadas conviertan sus terrenos en Santa Fe, de la CDMX, en condominios de lujo, cuyos beneficios serían usados, teóricamente, para preparar a la Guardia Nacional. Adicionalmente, las FA se transformarán en vigilantes de la producción de petróleo y en transportistas y distribuidores de combustible en todas las carreteras del país. Serán choferes y agentes de seguridad, cada uno con una relación directa a los mandos militares. Tendencialmente se convertirán en gerentes y administradores de las empresas. Todas las actividades en las que se verán involucradas las Fuerzas Armadas afectarán intereses de grupos sociales o empresariales y enfrentarán conflictos políticos y sociales inevitablemente. Al crear múltiples nuevos frentes de contacto entre sociedad y organizaciones armadas se fomenta el peligro de más conflicto, con el potencial de enfrentamientos que rebasen los límites del diálogo político. Ha sido precisamente este tipo de proceso de integración de militares a la economía y la toma de decisiones lo que ha sentado las bases para la gestación de dictaduras militares en la historia de América Latina. En vez de asegurar que las armas de la sociedad estén guardadas bajo instrucción y vigilancia civil, políticos sin noción de la historia han optado por la vía más sencilla, pensando que siempre mantendrán a los militares bajo su mando. Su razonamiento es que consideran que la casta militar es de inteligencia corta y fácil de manipular. Hasta que los militares se den cuenta de su enorme control sobre los resortes fundamentales de la economía y la seguridad, que es cuando deciden controlar todo por su cuenta. Poner el petróleo y la seguridad pública en manos de las Fuerzas Armadas es rendirse, de antemano, al poder apabullante del discreto encanto de los galeones y las medallas brillantes. Y de los fusiles. Uno pensaría que esto se refiere principalmente al caso de Maduro en Venezuela, hoy rehén de las opiniones de las Fuerzas Armadas. Pero también se refiere al caso mexicano, donde se está colocando paulatinamente el control de la economía petrolera en manos militares y ahora se propone lo mismo con la Guardia Nacional, entregando al mando castrense el control completo de la seguridad del país. Por estas consideraciones, los senadores deberán rechazar el proceso de militarización de la policía pública de México, y revertir el modelo de militarización del país que impulsa el gobierno. @RPASCOEP