En la medida que la urbe creció fue muy sintomático cómo terrenos públicos extrañamente aparecían como propiedad privada.
En Álvaro Obregón hay una de casi 14 hectáreas que está a punto de perderse por la vía legal, pues un particular está por cumplir los cinco años del uso de esa tierra.
A un lado de la presa de Tarango, en Prolongación 5 de Mayo 700 o sin número, hay un terreno de 139 mil metros, que en 1987 se determinó como propiedad del Departamento del Distrito Federal, así se estable en la escritura pública 57 y quedó inscrito como tal en el Registro Público de la Propiedad en 1988. Sin embargo, al paso de los años, de manera inexplicable, se convirtió en un terreno privado por el cual incluso una dependencia pública federal pagó renta.
Desde hace más de tres décadas en ese terreno hay unas canchas de futbol, a las que iba a jugar la gente de la zona, incluso se abrieron diferentes ligas para la competencia y también servía para el esparcimiento de los pobladores de las colonias vecinas.
A finales del año 2013 y principios de 2014 empezaron a depositar cascajo en uno de los puntos de ese terreno. A los visitantes del lugar les empezó a sorprender porque a 100 metros está la presa y a 200, el río, con lo que se violenta la Norma Oficial Mexicana 083, así que todo ese material debería ser manejado de manera especial.
En 2014, cuando Leonel Luna era jefe delegacional, los vecinos conocieron de un oficio girado por el director jurídico de la delegación, Eduardo Galindo, en el que se pedía a las ligas de futbol que desalojaran el terreno porque un particular se había acreditado como propietario y reclamaba su derecho.
La persona que se ostentó como propietario fue José Andrés Pérez, quien subarrendó el terreno a Juan Carlos Rodríguez, quien el 8 de agosto de 2014 le rentó una parte al Instituto Nacional de Migración para usarlo como estacionamiento. Hay un contrato firmado de por medio, que las autoridades capitalinas ya revisaron.
Este caso ha brincado por varias oficinas desde la delegación hasta el Gobierno de la Ciudad de México, porque para las autoridades capitalinas ese predio se considera como propiedad pública, pero no lo han recuperado.
José Andrés Pérez ya murió y en este 2019, Juan Carlos Rodríguez podrá demostrar en un proceso judicial que durante cinco años ha utilizado ese bien de manera pacífica, continua y demostrable, por lo que puede solicitar la prescripción positiva de la propiedad.
Bajo este mecanismo, tanto particulares como el gobierno han perdido inmuebles y predios, pero llama la atención la facilidad con la que se han agotado los plazos y se facilitó la apropiación de un bien público.
Son casi cinco años de omisiones, que representan la síntesis de lo que fue la pasa administración y el reto que debe enfrentar el actual gobierno de Claudia Sheinbaum.
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