La transparencia viste todos los discursos políticos, este concepto habla de la disposición al escrutinio público, así se entra a la vorágine de la democracia moderna; pero en la realidad, todos hacen hasta lo imposible por ocultar información. Y nadie asume la obligación de que las autoridades rindan cuentas.
Al arranque de la gestión de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se anunció la creación de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México que encabeza José Merino, para poner a disposición de cualquier persona la información del gobierno.
El objetivo era poner todos los datos abiertos que genera el gobierno respecto a contratos, licitaciones, obras públicas, índices delictivos, entre otras; el asunto es que si bien este nuevo órgano presenta un abanico de información muy atractivo, en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México ya estaban marcadas esas obligaciones que deben de cumplir todas las dependencias y todo aquel órgano que reciba recursos públicos, pero no lo hacen.
Quizá la Agencia publique la información bajo un lenguaje menos técnico, lo cual se agradece, pero el problema de fondo es que todos ignoran que están obligados a poner en sus portales una serie de información.
Hace apenas unos días, el presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción del Congreso de la Ciudad de México, Carlos Castillo, le dijo al alcalde de Coyoacán que no aparecía el directorio en la página de internet, que mantenían el organigrama de la delegación, incluso que presentó una solicitud de información para que se la hicieran llegar y no la obtuvo.
Manuel Negrete respondió que aún no tenía “la alineación”, los legisladores se lo festejaron, cuando no es un asunto de querer, el funcionario cometió omisión a una ley y violenta los derechos de acceso a la información de la población.
En esa condición está el Congreso y varias dependencias del gobierno de la ciudad, los órganos autónomos, incluso el Instituto de Transparencia, cuando se revisa el artículo 121, fracción IX resulta que los comisionados cobran 104 mil pesos al mes, aunque habían dicho que se iban a bajar el salario, mantienen el nombre y sueldo de los directores y secretarios a quienes les pidieron la renuncia el mes pasado.
Quién sabe qué informe va a presentar el Instituto a los diputados, cuando ellos están en falta.
A LA VUELTA A este espacio se comunicó la diputada Gabriela Osorio, presidenta de la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, y señaló que la reforma a la Ley Orgánica para cambiarle el nombre a la comisión de trabajo que encabeza, fue aprobada el 28 de diciembre del año pasado; con lo cual se cumplió el proceso legislativo. Se hace la corrección ante el error cometido.
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