La ratificación estadounidense del acuerdo comercial Estados Unidos-México-Canadá (USMCA por sus sigas en ingles, T-MEC por sus iniciales en español) depende en gran medida de los sindicatos que protegieron por años a Napoleón Gómez Urrutia en su exilio.
O al menos esa es la impresión que dan versiones procedentes de Washington sobre la inminente conclusión de las negociaciones en torno a los últimos detalles del documento: el lunes o martes puede ser el momento que se aclaren dudas, una vez que el texto haya sido revisado por el ala sindical del Partido Demócrata, aparentemente el último obstáculo para su aprobación en la cámara baja del Congreso y su envío al Senado para ratificación final.
El problema parecería estar en los detalles sobre la verificación del cumplimiento de demandas de protección laboral. En otras palabras, seguridad en la ejecución de demandas de mejoras salariales y laborales para los trabajadores, especialmente en empresas vinculadas con las cadenas de producción internacionales.
Los resultados tienen impacto porque son parte del proceso negociador en el congreso estadounidense, donde factores de poder con intereses creados –como los sindicatos– tienen en sus manos la aprobación de un convenio que tiene importancia política no sólo fuera –en México– sino dentro de Estados Unidos.
Para el presidente Donald Trump es la culminación de la promesa electoral de negociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al que hiperbólicamente califico como "el peor acuerdo jamás firmado", y para los demócratas una prueba a los electores de que pueden ir más allá de su rivalidades políticas.
Fuera de eso parece sospechosamente parte de un clásico proceso negociador estadounidense que implica demandas de última hora para obligar a más concesiones.
Hace algunos años Jorge Domínguez, un especialista latinoamericano en la Universidad de Harvard (retirado en 2018), anotaba que el problema de las negociaciones de acuerdos comerciales entre EU y los países latinoamericanos es que aquellos pueden darse el lujo de esperar y pedir a sus interlocutores latinoamericanos "algo" que ofrecer para satisfacer al Congreso, y eso quiere decir concesiones de contrapartes presionadas para mostrar resultados.
En este caso la presión viene a partir de demandas de la coalición sindical AFL-CIO, que encabeza Richard Trumka, políticamente importante para los demócratas.
Trumka visitó en septiembre al presidente Andrés Manuel López Obrador y a principios de noviembre felicitó a Gómez Urrutia por la aprobación de una iniciativa de ley sobre subcontrataciones que ahora parece en suspenso en México.
Pero el jueves pasado cuestionó además partes referentes al origen del acero usado en las plantas automotrices mexicanas. El nuevo acuerdo demanda que al menos 70 por ciento de ese material sea "fundido y vertido" en la región.
Y de paso, por trabajadores sindicalizados.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@CARRENOJOSE
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