Es ingenuo pensar que Vicente Fox, Felipe Calderón ni Enrique Peña Nieto desconocieran la oscura forma de operar de Genaro García Luna —el arquitecto de la guerra contra las drogas del gobierno de Calderón—, sus arbitrariedades, negocios y abuso de poder. Uno de los casos más evidentes, pero lejos de estar aislado es el caso de Florence Cassez.
García Luna convenció a Calderón de la culpabilidad de la ciudadana francesa, y este último lo creyó de tal forma que defendió el actuar de su gobierno y de su secretario, tomándolo de forma personal y arriesgando las relaciones diplomáticas con Francia. El expresidente defendió lo indefendible, ya que los atropellos y violaciones reiteradas a los derechos fundamentales de la francesa, ya para ese entonces, eran evidentes.
Jorge Volpi narra de manera imparcial y detallada el caso en su libro Una Novela Criminal, en el cual ofrece claramente una descripción del montaje en la detención de la francesa, de la mano de la prensa, y las violaciones graves al debido proceso.
Es difícil pensar que los tres expresidentes y sus gabinetes no hayan tenido conocimiento de los negocios al amparo del poder realizados por García Luna, ni de sus probables vínculos con las organizaciones criminales.
No es casualidad que hasta 2019, el exsecretario haya sido detenido en Texas, presuntamente por haber recibido millones de dólares del Cártel de Sinaloa. Para entender por qué hasta ahora se dieron a conocer los negocios del exsecretario y sus vínculos con organizaciones criminales basta recordar que en 2020 tendrán lugar elecciones en EU, y el impeachment en contra de Donald Trump.
Si a lo anterior adicionamos que hoy tenemos un gobierno antagónico al de Calderón y crítico de su fallida estrategia de seguridad, se explica por sí misma la tardanza y la oportunidad que haya tenido lugar hasta ahora. Esto debió haber sucedido hace años, máxime que varios ex funcionarios del FBI y la CIA, adscritos a la embajada de ese país en México, tenían información de primera mano, ya que su cercanía era inocultable, incluso uno de ellos es miembro del consejo de administración de una empresa de García Luna.
Y no sólo eso, el gobierno que hoy lo juzga, lo premió por su actuación al frente de la seguridad en nuestro país. García Luna fue responsable de la Agencia Federal de Investigación y de la Secretaría de Seguridad Pública.
La revista Proceso publicó un informe en el que señaló los posibles vínculos de García Luna con cárteles de la droga, entre otros medios, por lo tanto, no es un tema que no se haya abordado antes; sin embargo, hoy sí hay cargos en su contra en EU, y según la Unidad de Inteligencia Financiera también aquí.
De probar las acusaciones, García Luna podría ser condenado a prisión con una pena de 10 años a cadena perpetua.
La justicia se debe celebrar siempre, aunque ésta llegue tarde, la corrupción siempre existirá, lo que México debe erradicar es la impunidad.
POR JOSÉ LAFONTAINE HAMUI
ABOGADO
@JOSE_LAFONTAINE
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