La anunciada visita del procurador general estadounidense, William Barr, se producirá en el marco de lo que un análisis del Congreso de EEUU considera como "profundas preocupaciones sobre la capacidad del gobierno mexicano para disminuir la violencia en México y frenar el poder de los grupos criminales del país".
De acuerdo con un reciente reporte del Congressional Research Service (CRS- Oficina de Investigación Congresional), no parece haber por lo pronto una estrategia en México para enfrentar el problema, mientras la iniciada por el expresidente Felipe Calderón ha sido desacreditada por el aumento de la violencia.
Peor aún, el documento considera que el reciente arresto del que fuera su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en diciembre de 2019, amenaza con erosionar "aún más" la legitimidad de la burocracia policial y con ella la estrategia para matar o capturar a los principales capos.
De hecho, el documento anota que parte importante del problema es la continua dependencia en la controvertida estrategia de enfocarse sobre los líderes, que no ha reducido la violencia de manera sostenible.
El CRS consigna que "algunos" analistas respaldan una nueva estrategia de apuntar a los operativos de cada grupo criminal, para limitar su capacidad de regeneración.
El CRS hace notar que el objetivo de los sucesivos gobiernos mexicanos ha sido reducir a los cárteles del narcotráfico "de una amenaza a la seguridad nacional a un problema de orden público" y una vez logrado, transferir la responsabilidad del desafío de las fuerzas militares a la policía.
Pero eso no ha ocurrido y a cambio, el ejército ha sido acusado de ejecuciones extrajudiciales y violaciones a derechos humanos.
El problema de mayor violencia, es en parte por fragmentación de las grandes organizaciones criminales, señala el CRS, que menciona una "era de transición" del predominio del Cártel de Sinaloa a una lucha entre grupos más pequeños.
Siempre, de acuerdo con el documento, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta los problemas de corrupción en las estructuras policiales, pero también, lo que el análisis presenta como "la falta de atención a los esfuerzos más amplios contra la corrupción en México, a pesar de las promesas de campaña".
El CRS anota que para muchos, las herramientas importantes para manejar "el desafío binacional" de las organizaciones violentas de México incluyen una reforma institucional a largo plazo para reemplazar una cultura de ilegalidad y corrupción con un Estado de derecho y respeto por la autoridad legal.
Pero también apunta que "varios observadores han cuestionado el compromiso del presidente López Obrador de construir instituciones más fuertes en México en lugar de objetivos más populistas".
El panorama del CRS no es optimista, pero también hace obligatoria la cooperación antidrogas entre EU y México.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
JOSE.CARRENO@HERALDODEMEXICO.COM.MX
@CARRENOJOSE
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