El Museo de Arte Moderno de Nueva York, uno de los íconos de la ciudad, recibió cerca de mil millones de dólares de aportaciones de su junta directiva, formada por magnates y grandes capitales estadounidenses, para llevar a cabo dos proyectos monumentales de renovación y rediseño en los últimos 20 años.
Esto no es nada nuevo. Lo que sí representa una noticia extraordinaria es la decisión de las autoridades del MoMA y el museo Guggenheim de Nueva York de no aceptar más donaciones de empresarios y familias millonarias, cuyos capitales están vinculados de manera directa con la producción de sedantes relacionados con la crisis de los opioides y la fabricación de latas de gas utilizadas por distintos cuerpos de seguridad contra los inmigrantes en la frontera México-Estados Unidos.
En una historia publicada hace dos semanas, The New York Times observa que ejemplos como los anteriores reflejan una realidad imposible de pasar por alto: el dominio que ejercen los súper ricos sobre los museos, en una era de creciente ira sobre los ingresos desiguales de la población.
El escritor Michael Massing calcula que de las 51 personas que tienen derecho a voto en la junta directiva del MoMA, al menos 45 trabajan en los sectores de finanzas, el mundo corporativo o bienes inmuebles, o son los herederos o esposas de los super millonarios.
La decisión de ambos museos representa una sanción pública a corporaciones y familias empresariales que han construido sus capitales con ganancias que aportan negocios que han provocado daños importantes en la sociedad.
Es el caso de la familia Sackler, ligada a la producción de OxyContin, el poderoso medicamento contra el dolor implicado en la crisis de opioides, que provocó más de 70 mil muertes sólo en 2017.
La decisión arriesgada y valerosa de estos dos museos lleva a reflexionar sobre los efectos negativos causados por los grandes capitales mexicanos en distintos ámbitos de la economía y la sociedad, sin que en la historia nacional haya registro de sanciones similares por parte de los distintos niveles de gobierno.
En la era del PRI y del PAN miraron invariablemente a otro lado ante los daños causados por distintas corporaciones mineras, cementeras y constructoras en el país en las últimas décadas.
En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esta tendencia no ha variado. Sólo el Tren Maya, uno de los principales proyectos, considera la participación de poderosos grupos empresariales que dominan sectores turísticos, de construcción y agroindustria, acusados de contaminar, talar árboles y causar daños al medio ambiente.
Un cambio de régimen verdadero debería considerar un borrón y cuenta nueva para sancionar a empresas que han causado daños en distintos ámbitos, restringiendo o prohibiendo su participación en proyectos del nuevo gobierno. Sería una forma de castigar conductas monopólicas, tramposas y abusivas por parte del gran capital.
POR WILBERT TORRE
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