El Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción aprobó que los servidores públicos deberán presentar sus declaraciones de situación patrimonial y de intereses, atendiendo a la operabilidad entre el sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses con la Plataforma Digital Nacional. Esto es, a partir del 1 de enero de 2020 deberán utilizar los formatos de declaraciones previamente aprobados por dicho órgano para tales efectos”. ¿Entendió usted? ¿No? El hecho es que eso es lo que se puede leer en la página del SNA.
Los nuevos formatos resultaron necesarios, entre otras razones, tras la controversia por la última declaración de Manuel Bartlett, director de la CFE, así como la investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la misma.
Idealmente se quiere que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses sigan siendo obligatorias, completas y veraces. Sin embargo, los formatos aprobados distarán mucho de ese objetivo. Veamos unos ejemplos de lo que se puede obviar: obras maestras heredadas incluso antes de que éstas se produzcan. Sí, como algunas pinturas que posee Elba Esther Gordillo y, dice, le dio su mamá.
Regalías sobre cualquier libro, canción o material publicado que no se declaran o no aparecen, así como impuestos sobre las mismas que no se reportan. Bienes robados y luego cedidos, heredados o regalados. Basta que se pongan a nombre de los descendientes o de las parejas sentimentales y, ¡presto!, deja de haber problema.
Bonos, prestaciones, donaciones o cesiones otorgados por miembros del sindicato que uno preside. Sean legales o retenidos por la voluntad omnipotente del presidente o secretario general (muchas veces eterno del mismo).
Fideicomisos que no están a nombre de uno, pero que uno administra sin pudor ni recato para beneficio personal.
Los conflictos de interés, donde una empresa puede rentar, prestar o construir una casa a un funcionario público. O empresas que no son del servidor pero tienen relación con el gobierno y con familiares, parejas o amigos, de dicho funcionario o funcionaria. Sólo faltó que se dijera que los formatos entraban en vigor el 28 de diciembre, para hacer la inocentada completa.
En realidad, cualquier “3 de 3” —carente de mecanismos o candados adicionales de comprobación— sirve de ejemplo para conmemorar el día de los Santos Inocentes.
Si no hay autoridad imparcial y autónoma que investigue y, de ser necesario, castigue, y sin una cultura de honestidad, no importarán las supuestas mejoras. Irónicamente, creo que quien más se ha acercado a atinar lo que pasa es el ex-presidente Enrique Peña Nieto, cuando dijo que el origen de este mal es cultural y generalizado. Y me parece que lo más cercano a la solución requerida la dio José Antonio Meade en la campaña presidencial de 2018, cuando habló de una “7 de 7”: mejorar integralmente el sistema impositivo, de identidad, de registro laboral e inmobiliario, de intereses, ahorros y préstamos. Mientras tanto, haga lo que se haga, podremos seguir diciendo con cada declaración patrimonial: ¡feliz día de los Santos Inocentes!
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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