Los servidores públicos y su conducta

Si vilmente miente, roba o engaña, no puede considerarse como una persona transparente

Al analizar la conducta de los servidores públicos aplica la frase que dice: quien juega con fuego, se acaba quemando, lo que significa que quien realiza una conducta libre, voluntaria que pudiera generar un efecto negativo, debe estar dispuesto a soportar las consecuencias.

Es muy fácil que en el actuar político el servidor público se vea atrapado por sus propios hechos. Si vilmente miente, roba o engaña no puede considerarse como una persona transparente y confiable, por lo que deberá asumir el resultado de sus acciones. No debería de invocar la protección de su vida privada cuando su comportamiento ha hecho de ella algo opinable por el público. Por ello, al ejercer el cargo, deben soportar que sus actuaciones y desempeño se vean sometidos al escrutinio de la opinión pública. Lo que significa que no sólo se divulgue información sobre lo que hagan o digan en el ejercicio de sus funciones, sino incluso, sobre lo que digan o hagan al margen de los mismos, siempre y cuando éstos guarden una relación directa y evidente con el cargo que ocupan.

Veamos, hay conductas o circunstancias que siendo en principio privadas, trascienden en la esfera pública, en la medida que afectan la gestión pública. De acuerdo con una reciente tesis aislada de junio de 2019, la Suprema Corte de Justicia ha señalado que los servidores públicos tienen un derecho a la privacidad menos extenso que el del resto de la sociedad. Si bien el Estado está obligado a garantizar el derecho a la privacidad, éste no es absoluto y debe limitarse cuando así lo prevea la ley, persiga un fin legítimo, o bien, sea idónea, necesaria o proporcional la intromisión a la vida privada de los servidores.

Una conducta privada es de interés público si revela hechos personales y embarazosos que de forma evidente tengan que ver con la fijación de su carácter público. Por ello, la infracción de deberes políticos, sociales o de convivencia no puede resultar en la indiferencia del pueblo, a fin de que se perdone o se juzgue como un cambio de opinión, un engaño, un error o una contradicción, sin que exista una consecuencia directa en la responsabilidad que le ha sido encomendada.

La conducta del servidor público debe ser vista como un modelo de conducta a seguir, a efecto de satisfacer el interés general, y más aún su papel influyente en el destino de la nación.

Quienes defienden la flexibilidad en la valoración de la ilegalidad de las acusaciones de comportamientos ilícitos o socialmente inaceptables en la gestión de lo público, están perjudicando el interés general al poner en peligro el sistema jurídico.

El servidor público o político ha de ser un ciudadano de fiar, lo cual exige mucho más que no comportarse como un criminal. Su honor recae en la responsabilidad y publicidad de sus acciones.

POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI



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