Este año, durante la elección de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), se registró uno de los peores sucesos en la Cámara de Senadores: el robo de dos votos a fin de designar a una persona cercana al titular del Poder Ejecutivo. En pocas palabras, arrebatarle su autonomía.
No hay duda, los organismos autónomos son indispensables en un país democrático. Por ello, es necesario defenderlos para que mantengan su imparcialidad, para una toma de decisiones sin subordinación del gobierno.
En este caso, me referiré a dos organismos vinculados al desarrollo económico del país: la Comisión Federal de Competencia (COFECE) y del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
La primera se encarga de garantizar la competencia y combatir las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados.
El IFT, por su parte, promueve y supervisa el uso y explotación del espectro radioeléctrico, la infraestructura, las redes y la prestación de los servicios. Impulsa condiciones de competencia efectiva en los mercados.
Actualmente, el artículo 28 de la Constitución señala que el Comité de Evaluación para para elegir los comisionados de ambos organismos está compuesto por el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México (BANXICO), con el apoyo de dos universidades.
Para seleccionar un comisionado en la COFECE o el IFT, el Comité de Evaluación elige a quienes tienen mejores aptitudes y la propuesta se envía a la Presidencia de la República para que el titular del Poder Ejecutivo elija uno. Dicho nombramiento se manda al Senado para su ratificación.
Hasta este momento, el Comité de Evaluación ha funcionado bien y se han dado las elecciones de comisionados sin contratiempos.
Sin embargo, con la reforma educativa reciente de este gobierno, el INEE desapareció y fue sustituido por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU), organismo descentralizado del Gobierno Federal, es decir, dependiente del Poder Ejecutivo.
Al aprobarse la reforma educativa no se modificó la integración del Comité de Evaluación. Por ello, actualmente solo tiene dos integrantes, BANXICO e INEGI, pues el tercero, el INEE ya no existe.
La nueva MEJOREDU no puede integrarse al comité porque la Constitución no lo prevé así, ni en el artículo 28 ni en el 3º. Con ello, se corre el riesgo de que los nombramientos sean impugnados por vicios en el procedimiento, en específico, debido a la ilegal integración del Comité.
Ante esta situación, presenté una reforma al artículo 28 de la Constitución para quitar la mención del INEE y modificar el Comité de Evaluación para que se integre de dos miembros permanentes: INEGI y BANXICO y un miembro rotativo. Es decir, cuando la convocatoria sea para elegir comisionados de COFECE, entonces el tercer órgano autónomo del comité sería el IFT, y si es el IFT sería COFECE.
En el Senado no debe seguir auspiciando candidatos a modo en los organismos autónomos, su designación debe basarse en cuestiones estrictamente técnicas dado que el área que van a regular es altamente compleja.
Se requiere un mecanismo de evaluación y preselección muy riguroso.
POR XOCHITL GÁLVEZ
SENADORA DEL PAN
@XOCHITLGALVEZ
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