Desde el 21 de diciembre, de acuerdo con información difundida en medios y dada a conocer por el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes, se han ido apostando patrullas y vehículos militares a las afueras de la residencia y de la representación de México en La Paz, Bolivia. En esas casas se encuentran asilados nueve exfuncionarios de la administración de Evo Morales, entre ellos los ex ministros de Interior y de Cultura, acusados de sedición y terrorismo por el gobierno nacional interino.
Las autoridades de Bolivia han pedido a México entregar a los exfuncionarios para que enfrenten procesos ante la justicia boliviana, a la vez que niegan haber realizado o aprestarse a realizar cualquier acción fuera del marco internacional establecido que pudiera violentar las inmunidades diplomáticas y los privilegios amparados en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
México ha acusado al gobierno interino de Bolivia de preparar una incursión armada en las sedes diplomáticas de México en ese país. La cancillería ya solicitó a la comunidad internacional condenar estos hechos de intimidación y hostigamiento. “De mantenerse esta situación, México responsabiliza a Bolivia por cualquier afectación a la sede diplomática, a su personal acreditado y a toda persona que se encuentre bajo la protección del Estado mexicano.
Hay poca información, dificultada aún más por las fechas decembrinas, sobre la gravedad de la situación. ¿Está el gobierno mexicano sobrerreaccionando o no ante las acciones de las autoridades bolivianas? Hasta donde se sabe, el gobierno de Bolivia no ha irrumpido en territorio diplomático mexicano, además de que las personas que están siendo protegidas en las misiones diplomáticas mexicanas se les ha llamado a rendir cuentas por parte de un gobierno interino avalado y reconocido.
Me temo que nuestro gobierno cruzó una tenue línea en noviembre, cuando, tras conceder asilo político a Morales Ayma, se apresuró a considerar sin más su renuncia a la Presidencia como producto de un golpe de Estado. Peor, la 4T permitió que Evo hiciera declaraciones políticas sobre la situación en Bolivia, incumpliendo las condiciones de asilo. Para completar el cuadro, el gobierno de México fue tardío en pronunciarse en contra de posibles acciones desarrolladas por el ex presidente boliviano desde nuestro país con objeto de recuperar el poder en Bolivia.
Una cosa es haber facilitado la salida de Evo Morales de su país a las pocas horas de haber renunciado, otra es que México quiera generar salvoconductos para sacar de su país a ex gobernantes que enfrentan procesos judiciales.
Morena ya ha recurrido a esas argucias nada legales. Esta tensión que se vive entre Bolivia y México es la secuela de haber dado asilo al ex mandatario boliviano, pero la confrontación aún puede escalar. La frontera entre el apoyo solidario a una nación hermana y la política de no intervención que esgrime la 4T es muy delgada; no debe desdibujarse, ampliarse o moverse de lugar por conveniencia. Las consecuencias de hacerlo suelen ser graves, sobre todo para los más desprotegidos y vulnerables.
POR VERÓNICA MALO GUZMÁN
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