El fin de semana pasado las cárceles hondureñas de Tela y El Porvenir fueron escenario de choques entre grupos de reos que usaron armas de fuego y objetos descritos como "cortopunzantes". En Tela, el viernes, hubo 18 muertos y 16 heridos; en El Porvenir, el domingo hubo 18 muertos y diez lesionados.
Fueron, sin embargo, sólo los incidentes más recientes en una serie de peleas en penales entre miembros de pandillas rivales, específicamente las "Maras" 13 y 18, que llevaron el pasado 17 de diciembre a la declaratoria de emergencia y el envío de fuerzas militares para tratar de controlar las cárceles.
Fueron también reflejo de lo que ocurre en un país considerado como uno de los más violentos y corruptos del continente y del mundo y, donde según el grupo de análisis InsightCrime, la violencia es acarreada por "grupos narcotraficantes locales, pandillas, elementos corruptos de los organismos de seguridad y organizaciones criminales transnacionales, principalmente de México y Colombia".
Pero una gran parte del problema es doméstico, gracias y pese a que su situación geográfica y las alianzas con grupos delincuenciales internacionales hacen de Honduras un importante punto de paso para el trasiego de cocaína.
El país se encuentra en una permanente sensación de escándalo por corrupción, especialmente vinculada con el narcotráfico, con denuncias sobre vínculos entre políticos y traficantes que contaminan a gran parte del cuerpo político hondureño y la estructura gubernamental, hasta alcanzar la Presidencia de la República.
Si las denuncias son ciertas o no el hecho es que el presidente Juan Orlando Hernández se sintió obligado a aceptar la extradición de su hermano Tony, un exdiputado y operador político, para ser enjuiciado –y condenado por narcotráfico en Estados Unidos.
Los incidentes del fin de semana coronaron un lapso particularmente violento, aún para los estándares hondureños. Según recuento en el periódico español El País: "el 14 de diciembre cinco miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) fueran asesinados en la cárcel de máxima seguridad de La Tolva, a unos 40 kilómetros al este de la capital. En la víspera, fue asesinado a tiros el director de la principal cárcel de máxima seguridad de El Pozo, en Santa Bárbara, Pedro Ildefonso Armas. El funcionario estaba suspendido del cargo para ser investigado por haber presenciado cómo unos reos mataban el pasado 26 de octubre a Magdaleno Meza, el que fuera socio del exdiputado Juan Antonio Tony Hernández.
Y en medio de todo esto, un problema político significado por la esperada decisión de si renovar o no el acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) que establece la "Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras", o MACCIH, y que se encuentra de hecho en lo que se describe como una batalla con un Congreso hondureño renuente a permitir que sus miembros sean sometidos a juicio, pese a su involucramiento en desvíos de fondos públicos.
Para Luis Suazo, viceministro de Seguridad del gobierno hondureño Luis Suazo, los "ataques sistemáticos orquestados y bien planificados del crimen organizado son para exponer a Honduras a nivel internacional y llamar la atención de organizaciones de derechos humanos".
Pero infortunadamente, parece mucho más que eso.
POR JOSÉ CARREÑO FIGUERAS
@CARRENOJOSE1
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