La impresentable Secretaría de la Función Pública, bautizada en 1983 como Secretaría de la Contraloría General de la Federación, rebautizada en 1994 como Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, y vuelta a bautizar con su nombre original, ha sido, desde su creación en el sexenio de Miguel de la Madrid, una vergüenza para gobiernos priistas, panistas y ahora morenistas.
Todos los presidentes de la República entre 1983 y 2015 no pudieron o no quisieron echar a andar en serio la dependencia para sancionar las pillerías de los funcionarios del gobierno federal. Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto convirtieron a esa institución en tapadera de actos de corrupción, en muchos casos de colaboradores, amigos y hasta parientes.
Los analistas bisoños pensaron que, en el gobierno de la 4T, Andrés Manuel López Obrador actuaría muy diferente que sus antecesores porque en este año enarboló la bandera de la lucha contra la corrupción que ha dado buenos resultados porque han caído varios peces gordos. Pero se les atravesó el penoso asunto de presunto conflicto de intereses, enriquecimiento ilícito y otras cochinadas de Manuel Bartlett, y ahí fue donde parece que la puerca empezó a torcer el rabo.
Al puro estilo de Virgilio Andrade, mejor conocido en el ambiente de las cañerías como ricitos de oro, a quien el presidente Enrique Peña Nieto le encargó investigar los posibles chanchullos que se cometieron con la operación Casa Blanca, la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, por instrucciones del Presidente de la República, realizó una pesquisa “rápida y exhaustiva” que generó un informe de 30 páginas, el cual le permitió concluir que NO existió conflicto de interés alguno, tampoco ocultó información, ni mucho menos detectaron tráfico de influencias. Bartlett salió limpiecito, limpiecito y con la frente en alto. ¡Pá'su mecha! Exclama el respetable.
Para festejar la exoneración del director de la Comisión Federal de Electricidad, el Presidente de la República, la secretaria de la Función Pública y Santiago Nieto (titular de la UIF) festejaron la faena como si hubieran cortado oreja, rabo y las cuatro patas. Peor aún, con una sonrisa socarrona mandaron el siguiente mensaje: nada contra los corruptos que integran la 4T.
Los priistas, tanto del viejo como del nuevo PRI, que gobernó hasta 2018, se negaron a reconocer el absurdo contrasentido de que la Secretaría de la Contraloría (hoy Función Pública) que vigila al Poder Ejecutivo dependa del propio Poder Ejecutivo, por lo que fueron duramente criticados cada vez que la dependencia investigaba actos de corrupción de los funcionarios públicos. Los morenistas ya demostraron con el caso Bartlett que seguirán actuando igual que aquellos, y que la multicitada secretaría seguirá jugando el papel de tapadera de los corruptos.
¿Pues no que eran diferentes?
POR LUIS SOTO
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