Mucha molestia causó entre varios gobernadores la balconeada que les dieron desde Palacio Nacional al ser señalados públicamente por faltar a las reuniones de seguridad que convoca el gabinete del Presidente Andrés Manuel López Obrador.
No era para menos. Desde el inicio de la 4T a los mandatarios locales se les impuso una dinámica a la que ya no estaban acostumbrados. Desde la imposición de los superdelegados hasta el desconocimiento de la titular de la CNDH, casi todo ha sido desencuentros. A la reunión a la que llegaron el miércoles ya le había metido más tensión una dura carta de la asociación de gobernadores panistas, en la que reclamaban a la administración federal pero también pedían trabajar “juntos, coordinados, sin militancias, por el bien de México y sus familias”. Les tomaron la palabra. Como casi todas las jugadas, ésta le salió muy bien al Presidente y a su equipo. Acudieron todos los aludidos. Era importante que la mayoría asistiera para escuchar la sentencia del secretario Alfonso Durazo: “o le atoramos juntos o fracasamos por separado”.
El titular de seguridad reconoció que 2019 ha sido un año difícil. Muchos eventos respaldan esta afirmación en Guanajato, Sinaloa, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, donde despachan mandatarios de oposición exhibidos. Por eso era necesario meterlos al redil.
El gobierno lopezobradorista quiere involucrar a todos en su estrategia de seguridad por más criticada que esta sea. Y la estrategia pasa forzosamente por las mesas de seguridad, en las cuales se pretende que se intercambien información y experiencias que hayan sido exitosos en algún punto para reducir los índices de criminalidad.
Hoy por hoy hasta un 70% de los homicidios dolosos que ocurren en el país tienen que ver con la delincuencia organizada. Es una cifra muy alta que pretende ser atacada.
Otra es la alta impunidad. Para mover la estadística de un 0.03% de efectividad en la sentencia a delincuentes, funcionarios del gabinete de seguridad tienen la idea de hacer los ajustes necesarios en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio para detener la puerta giratoria. Esta tarea quedará en manos de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.También se le pondrá lupa al trabajo de los fiscales estatales. Estas oficinas, junto con las corporaciones policiacas locales, representan el elemento más débil en la procuración de justicia. Sus errores han provocado la libertad para miles de delincuentes. Muchos fiscales y procuradores están más preocupados sirviendo al gobernador en turno que persiguiendo a criminales, por eso se buscará una forma para que rindan cuentas. Ya no se piensan dejar cabos sueltos.
Este que termina pareciera un año más que se perdió en materia de seguridad. La 4T no quiere entregar las mismas cuentas en 2020 y para ello pretende involucrar a todos los responsables, así sea por las buenas o exponiéndolos por las malas.
POR CARLOS ZÚÑIGA PÉREZ
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