La relación de la participación de las mujeres con el debate espacio público ha ido creciendo en la región. En los últimos meses se agudizó el debate público y multiplicado las expresiones en torno al papel de las mujeres en la sociedad contemporánea, sus necesidades y en particular lo relacionado a la violencia contra ellas.
Esta semana, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se unieron voces de más mujeres al concierto de expresiones sociales en favor de la eliminación de todo tipo de violencia.
Es difícil reconocer la gravedad del problema sin contextualizar desde el punto de vista histórico el proceso que ha llevado a la institucionalización de políticas públicas en esta materia, que impacta las políticas públicas cada vez más.
Mesoamérica no está exenta del problema. Por el contrario, siendo parte de las Américas, región en la que los índices de violencia son crecientes, la situación de las mujeres se agrava. Así lo dicen informes nacionales, regionales y del Sistema de las Naciones Unidas.
El establecimiento de registros cada vez más confiable del fenómeno de la violencia está permitiendo alcanzar una mejor comprensión del problema. Su alcance en los campos públicos o privados deja claro que se necesita una visión comprometida.
A esas demandas, se han sumado otras, como la de paridad de género en la composición de las instancias que participan en el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de las decisiones gubernamentales. Los medios públicos al alcance son insuficientes actualmente para cambiar la cultura social, económica, política y de prácticas inadecuadas de justicia o de recolección de datos.
En las Américas, política, legislación y presupuestos adecuados son parte del conjunto de objetivos de quienes buscan erradicar y atender estos campos de la gobernanza. Las necesidades incluyen atender las desigualdades, la falta de equidad y el equilibrio justo en las políticas y recursos públicos en la materia.
Para este año se espera que todos los países que son parte de la convención reporten el grado de cumplimiento en su país. En esta semana, 24 países miembros ya habían presentado su informe anual. Sin embargo, Tatiana Rein, vicepresidenta del Mesecvi Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará fundado en 2004, señaló en Honduras que, si bien hay grados de reconocimiento de la necesidad de legislación, el problema es la aplicación.
El censo del 2020 y su preparación se vuelven estratégicos para las políticas públicas. Los resultados que arroje podrán dar con mayor precisión el impacto social y territorial que la violencia ha tenido en el campo demográfico, en particular en políticas públicas para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
POR GUADALUPE GONZÁLEZ
*CATEDRÁTICA UNIVERSITARIA
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