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Abriendo la Caja de Pandora

La renuncia de Medina Mora sugiere una negociación de por medio, que probablemente permitirá impunidad ante hechos delictivos

OPINIÓN

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La renuncia de Eduardo Medina Mora a su asiento en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abre una caja de Pandora en la política mexicana. Toca todas las fibras de la perversidad nacional y abre nuevos conflictos.

El telón de fondo del conflicto apareció desde que inició el gobierno de López Obrador. Ha habido reiterados intentos por acotar la autonomía del Poder Judicial. La Presidencia acusó de inmorales a los jueces, alentó a militantes de Morena a atacar los vehículos que transportaban ministros de la SCJN y lanzó acusaciones por decisiones pasadas.

La intención es la de construir una mayoría morenista en la Corte. La tentación nace del control casi absoluto de Morena sobre el otro poder-el Legislativo-y la franca posibilidad de subordinar todos los poderes del Estado a su proyecto político.

De repente renunció el ministro Medina Mora. Y, al día siguiente, lo confirma el Presidente: está bajo investigación por narcotráfico, trata de blancas y lavado de dinero.

Es la tormenta perfecta: acusado de corrupción, un ministro renuncia y abre la puerta para que, por la vía del Senado, el partido oficial puede hacerse de otro ministro a su favor.

Sobre la presunta corrupción de Medina Mora, recordemos que, desde su postulación a ese puesto, múltiples voces advirtieron sobre el personaje. Es decir, no es nada nuevo el caso. De encontrársele cualquier conducta indebida, debe ser castigado conforme a derecho. Al igual que los allegados de este gobierno que han incurrido en actos de corrupción.

El problema empieza con la forma de renuncia. Evidentemente hubo un pacto político de por medio para acelerar el proceso y, así, permitirle al gobierno nombrar a su candidato al puesto a la brevedad. La renuncia sugiere una negociación de por medio, que probablemente permitirá impunidad ante hechos delictivos.

Se busca subordinar el Poder Judicial al Ejecutivo, así como el Ejecutivo domina y subordina al Poder Legislativo.

Y se lograría, de darse tal subordinación, la eliminación del principio fundacional del régimen político federalista y republicano: se cancelaría la autonomía de los Poderes del Estado entre sí, dejando al Poder Ejecutivo sin contrapesos.

Dos juristas han dado un giro inesperado -por perverso- a la discusión. Diego Valadés, constitucionalista e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo: “La SCJN no es ni debe ser un contrapeso al gobierno. La Corte resuelve conforme a derecho y no con criterios políticos. Los contrapesos deben estar en el Congreso. Esto es lo que se hace en toda democracia constitucional”.

En respaldo a esa postura, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, escribió: “Tiene toda la razón el distinguido constitucionalista Diego Valadés. La SCJN no es, ni puede ser, un partido de oposición. No es ese su papel, ni su función en una democracia constitucional”.

Los Federalist Papers, redactados por Alexander Hamilton, John Jay y James Madison, este último a la postre Presidente de los Estados Unidos, fueron publicados entre 1787 y 1788. Según Richard B. Morris, son una “exposición incomparable de la Constitución, un clásico en la ciencia política sin igual en amplitud y profundidad…”.

Esos documentos establecen, sin sombra de duda, de que una república federalista y republican se basa, primordialmente, en la autonomía de los tres órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) y su papel como contrapeso para asegurar el buen funcionamiento del Estado y favorecer el bienestar de la población.

Estos principios constitucionales fueron adoptados por la mayoría de las repúblicas latinoamericanas a la hora de obtener su independencia de España, México entre ellos. Rechazaron crear monarquías.

Por tal razón, los exabruptos de Valadés y Zaldívar rompen con la tradición intelectual de la república constitucionalista y federalista, para inaugurar una era de pragmatismo acomodaticio público destinado a no incomodar al poder, abandonando los principios de autonomía de los Poderes y su función de contrapeso como factor indispensable para el funcionamiento del Estado democrático.

Incluso, debatieron donde no había discusión.

Dijeron que la SCJN no debiera ser un partido de oposición, cuando nadie ni siquiera lo había sugerido. Lo que sí se sostiene es su carácter de autónomo para ser el intérprete independiente de la ley sin concesión a otro Poder del Estado.

Es decir, debe asumir su papel de contrapeso. ¿Acaso es tan difícil entender esto, para dos juristas?

Al abrir esta caja de Pandora afloran intentos por cambiar la naturaleza del Estado mexicano, convirtiéndolo en autoritario, subordinando todos los actores a su arbitrio y transformando la voluntad popular en rehén del poder, además de promover la impunidad.

POR RICARDO PASCOE

RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM

@RPASCOEP

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