La orden de doblegarse ante un grupo criminal sea cuales fueren las circunstancias, es una acción grave que acarreará un estigma de humillación para las fuerzas de seguridad mexicanas. Las capacidades del Estado Mexicano pareciera que se encuentran estancadas por lo que aparenta ser una parálisis de transición en la transformación de la estructura organizacional para generar a la Guardia Nacional.
Lo que es desgastante es analizar como la cantidad de cambios institucionales que se han llevado a cabo en la comunidad de seguridad, justicia y defensa en México tan sólo en los últimos 20 años, como han absorbido recursos, atención mediática y energía, mientras que las capacidades reales permanecen relativamente marginales.
Hace 20 años se creó la Policía Federal Preventiva que tenía como misión convertiría en la punta de lanza de la federación, amalgamando a la Policía Federal de Caminos con las policías fiscal y de migración, mientras que para darle punch se le asigno una brigada de policía militar y dos mil infantes de marina. Con fin de contar con una "FBI a la mexicana" se creó la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) que reemplazaría a la tan temida Policía Judicial Federal.
Al final de su primer sexenio tanto la PFP como la AFI estaban inconclusas, por lo que se requirió de una cirugía mayor entre 2006 y 2009 para transformar a la PFP en la "nueva" Policía Federal (PF) que entre otras nuevas capacidades como las policías científica y cibernética, contaba ahora también con la muy importante atribución de investigación.
El punch principal del Estado, sin embargo, continuaba en manos del Ejército, al que se sumó de manera dramática la Secretaria de Marina, propiciando golpes quirúrgicos y demostrando la viabilidad de continuar existiendo como una institución independiente. Las unidades de Infantería de Marina e Inteligencia Naval se convirtieron en las joyas de la corona del Estado. En paralelo, desafortunadamente la AFI sufrió un proceso de descomposición que le llevaría a su desactivación en 2012 y reemplazo por la Policía Federal Ministerial (PFM).
El retorno del PRI al gobierno en diciembre de 2012 trajo una nueva reorganización, incluyendo la creación de un nuevo modelo de policía: la Gendarmería. La tan polémica Gendarmería prometía asumir las principales funciones de seguridad interior del Estado, reemplazando cuando fuera posible (pronosticaba a final de sexenio) al Ejército y la marina… pero no fue así.
La urgencia por continuar fortaleciendo las capacidades de la Policía Federal cesó y ésta entró a su vez en un periodo de inmovilidad y carencia de inversión, cuyo resultado fue negativo para la Policía Federal. El punch, nuevamente recayó en las Fuerzas Armadas, con el Ejército resolviendo necesario crear su propia "gendarmería" mediante la expansión y transformación de la Policía Militar, a la vez que la Marina también evolucionaba para asumir funciones de Autoridad Portuaria y Guardia Costera. A la PFM se sumó la Agencia de Investigación Criminal (AIC), un órgano desconcentrado de la PGR que permitiría un combate coordinado frente al crimen organizado.
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Cabe añadir que la administración Peña Nieto apostaba (por lo menos en teoría) a que las "reformas estructurales" llevarían a una evolución socioeconómica que derivaría en una disminución drástica del índice delictivo –pero tampoco fue así.
Con el inicio del sexenio actual y el traslado en la balanza de poder hacia la izquierda, la apuesta para mejorar la seguridad parece ser una vez más recaer en la reingeniería institucional acoplada con un cambio de modelo económico que generara beneficios sustanciales a la población marginada.
En esta ocasión es la Guardia Nacional la que absorberá a la Policía Federal, la Policía Militar y Naval, y que promete convertirse en la punta de lanza del Estado. El objetivo deberá de ser que esto se logre "además de" y no "a instancias de" el resto de las fuerzas armadas y policiales. Lo único que necesita hacer el sector político para apoyar esto es 1) no meter las manos para emplear a la Guardia Nacional como herramienta política y 2) asignarle los recursos necesarios. No auguro se cumpla ni el 1 ni el 2.
Confiar nuevamente en que los índices de seguridad se verán afectados de manera positiva –aunque sea eventual– por un cambio en el modelo económico de la economía neoliberal a la llamada economía moral es una falacia. Falacia absoluta.
Sólo mediante un incremento dramático en las capacidades "duras" de seguridad del Estado podrá haber un cambio positivo en el mediano a largo plazo. Las fuerzas de seguridad mexicanas (Ejército, Marina, Fuerza Aérea, Guardia Nacional, policías estatales y municipales) necesitan crecer por lo menos al doble y algunas al triple en cuestión de presupuesto, tecnología y personal dentro de los próximos cinco años, si es que esperan que el Estado se pueda mantener por encima del crimen organizado.
Capacidad e Intención son variables que deben funcionar en paralelo para garantizar la seguridad de un Estado. Si bien es en ocasiones se puede explicar un descuido en la primera, es de importancia existencial– que no se descuide la segunda. Desafortunadamente los eventos del 17 de octubre en Culiacán demuestran que en este momento histórico, el crimen organizado se encuentra por encima del Estado.
POR IÑIGO GUEVARA MOYANO
CONSULTOR DE LA COMPAN?I?A JANE'S EN WASHINGTON, DC
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