MÉXICO ES LA ECONOMÍA numero 11 en el planeta, pero aún tiene mucho trabajo por delante en términos de competitividad. En 2019, nuestro país ocupa el lugar 48 en Índice Global de Competitividad (GCI) del Foro Económico Mundial, luego de caer dos lugares respecto a 2018. Uno de los factores que explican esta caída es la calidad de nuestra infraestructura, rubro en el que también vamos a la baja, al pasar del lugar 49, en 2018, al 54, en 2019.
Hay cinco sectores en los que el país tiene que trabajar para mejorar su infraestructura:
Primero. En materia de eficiencia de servicios portuarios México ocupa el lugar 63, tres lugares debajo de 2018. Debemos seguir invirtiendo en modernizar la infraestructura, pero también hay que mejorar la selección y calidad del personal en las administraciones portuarias, así como en elevar la seguridad en esas instalaciones estratégicas. Avanzar en estos rubros agilizará el tránsito de las exportaciones, importaciones y comercio interno, al lograr mejoras en la frecuencia, puntualidad, eficiencia y precio de los servicios portuarios.
Segundo. En materia aeroportuaria, el país presenta una dualidad: por un lado, tiene una buena conectividad aeroportuaria, es decir está integrado globalmente y ocupa el lugar 15 en el GCI. Pero en términos de eficiencia aeroportuaria, ocupamos el lugar 80. La eficiencia considera factores como puntualidad de los vuelos o el precio de los servicios aeroportuarios.
Como se imaginará el lector, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se ha convertido en un obstáculo a la competitividad. Es común que el usuario experimente retrasos de 30 a 90 minutos, a pesar de cobrar mayores tarifas de uso aeroportuario que las terminales aéreas de Londres, Paris, Madrid o Tokio. Es muy poco probable que esta situación se pueda resolver ante la pésima decisión de cancelar el nuevo aeropuerto en Texcoco y el empecinamiento en construir un proyecto con tan baja viabilidad técnica, económica y ambiental como Santa Lucía.
Tercero. En materia de carreteras, también se tiene una dualidad. En conectividad, México ocupa el lugar 22 en el GCI, porque hay una buena conexión de sus 10 ciudades principales. Pero en lo que toca a su calidad, las carreteras del país caen al lugar 49. Al reto obvio de mejorar las carreteras existentes, se suma la imperiosa necesidad de mejorar la conectividad de las ciudades medias y muchas localidades del país, sobre todo en el sur. Una fuerte inversión en esta región permitiría cuadruplicar la velocidad del transporte de carga y personas, ya que hoy sólo se pueden circular a velocidades de 20 o 30 kilómetros por hora en muchos caminos del sur.
Cuarto. En materia de confiabilidad en el suministro de agua, México se encuentra en el lugar 72. La posición en el GCI por si misma es preocupante y se magnifica si consideramos que hay muchos mexicanos sin acceso al agua entubada, que en su mayoría pertenecen a comunidades indígenas. La tarea para combatir esta realidad está dentro de las posibilidades del gobierno, con una inversión de 5 mil millones de pesos anuales durante los cinco años restantes del sexenio. Esto beneficiaría enormemente a más de 2.2 millones de personas en términos de alimentación, salud y desarrollo. En especial, las mujeres indígenas ya no tendrían que dedicar varias horas del día a acarrear agua a sus hogares.
Quinto. En materia de electricidad, también se presenta una dualidad. En el GCI México ocupa el lugar dos en acceso a electricidad, porque prácticamente toda la población tiene acceso al servicio, pero la calidad de este ocupa el lugar 81, por las interrupciones que presenta. Esta posición no sorprende luego de ver los apagones que sufrieron estados como Guanajuato, Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Baja California y Baja California Sur. El reto para el gobierno mexicano está en sacudirse dogmas arcaicos y ampliar la nueva infraestructura de generación eléctrica basada en fuentes limpias, así como permitir la participación de la iniciativa privada en la generación, transmisión y distribución de electricidad.
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La realidad que revelan los datos debe ser guía en la construcción del Plan Nacional de Infraestructura que tiene pendiente de presentar el gobierno actual. Siguiendo esta línea se pueden lograr cuatro beneficios claros del desarrollo de la obra:
Primero, reducir la brecha de infraestructura entre México y los países con los que competimos.
Segundo, reducir la pobreza, con el acceso a servicios tan básicos como el agua y tan necesarios como la conectividad.
Tercero, generar crecimiento económico durante la construcción de las obras y mejorar las condiciones para la eclosión de nuevos negocios que utilicen la nueva infraestructura.
Cuarto, avanzar hacia un desarrollo sustentable con la inversión en infraestructura baja en carbono, con más energías limpias, mejora de infraestructura de transporte urbano e interurbano, etc. Esto representaría un costo adicional de solo cuatro por ciento respecto a inversiones tradicionales, de acuerdo con el promedio mundial estimado por la Comisión Mundial de Economía y Clima.
Hoy, se promete a los jóvenes que la solución a sus problemas es una “beca” del gobierno de 3,600 pesos mensuales mientras se “capacitan” para el trabajo.
Pero de nada sirve hacer esto si al término de dicha capacitación salen a una economía que paga salarios raquíticos. Si anualmente se invirtiera 5 por ciento del PIB en infraestructura, el país aceleraría su crecimiento, y fortalecería su productividad y su competitividad, y ello permitiría a los jóvenes estudiantes de hoy aspirar a salarios más elevados a lo largo de su vida laboral. La infraestructura es sinónimo de crecimiento y bienestar a largo plazo y debe ser una prioridad. No entenderlo así es un error histórico que puede condenar a nuestro país a otra década perdida.
POR FAUSTO BARAJAS
FAUSTO1707@YAHOO.COM.MX
@FAUSTOBARAJAS
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