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Legalidad

Es inaceptable que los buenos propósitos o el sentido de justicia de un gobernante esté por encima de las disposiciones legales

OPINIÓN

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El elemento imprescindible para la construcción y funcionamiento de todo régimen político y de gobierno es la ley.

La norma jurídica existe no sólo para regular la vida en sociedad, sino también para transformar a la propia sociedad.

Los estados nacionales actuales se han edificado sobre la base de un orden jurídico que ubica como piedra angular de su construcción a la Constitución Política como ley suprema, de la cual derivan un conjunto de leyes que regulan todas las acciones cotidianas de quienes integran el colectivo nacional, y establecen con precisión las relaciones entre gobernantes y gobernados. Esto es lo que caracteriza a un Estado de Derecho.

En éste, los gobernantes y todos los miembros de la sociedad deben regir su actuación en pleno acatamiento de las disposiciones legales.

Y cuando una ley deja de responder a las condiciones o a los intereses de la sociedad, se debe reformar o sustituir por otra. Para eso existe el Poder Legislativo.

En un Estado de Derecho, las transformaciones del régimen de gobierno que resulten necesarias se deben hacer adecuando o cambiando el orden jurídico vigente.

En este contexto no resulta aceptable que los buenos propósitos, la mejor voluntad o el más claro sentido de justicia social que tenga un gobernante se ubique por encima de las disposiciones legales.

La Constitución Política de nuestro país establece en sus artículos 39 y 41, que la soberanía de la nación reside en el pueblo y se ejerce a través de los poderes federales y locales, de acuerdo con el ámbito de sus competencias.

Y se dispone que “el pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno”.

En el entendido unívoco de que esas alteraciones o modificaciones se realizan en el marco del Estado de Derecho.

En este sentido, los defensores de la 4T deben entender que un cambio de régimen sólo es posible con el cumplimiento del marco jurídico vigente.

Los partidos políticos que integran la oposición al gobierno de la 4T deben tener como propósito común la defensa del Estado de Derecho y la promoción de las necesarias transformaciones a nuestro sistema político y régimen de gobierno a través del perfeccionamiento de nuestro orden jurídico.

Y para esto se requiere que se conviertan en los promotores y constructores de una nueva cultura de la legalidad en México.

El acceso a la justicia, el combate a la corrupción y a la impunidad, la efectiva lucha contra la violencia y el crimen, el pleno ejercicio de derechos individuales y sociales, el acceso a un mejor gobierno y a instituciones públicas eficaces al margen de clientelismos electorales sólo será posible con una ciudadanía que conozca, respete y defienda el marco jurídico sobre el que se soporta nuestro ser nacional.

Ésa es una tarea irrenunciable de los partidos políticos en su función constitucional de promotores de la participación del pueblo en la vida democrática.

Valdría la pena que revisaran primero cómo se encuentran en relación con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Partidos Políticos; sobre todo en lo que respecta a sus padrones de afiliados.

POR JOSÉ ENCARNACIÓN ALFARO CÁZARES

COLABORADOR

@JOSEEALFARO

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