Después de mucha tinta y escenarios que especulaban sobre las fechas en que llegaría la Ley Bonilla a la Suprema Corte de Justicia y la inexplicable tardanza en su publicación para iniciar las Acciones de Inconstitucionalidad que llevarán al análisis jurídico definitivo sobre del abuso cínico en Baja California, los 10 ministros en funciones tienen en sus manos el caso de mayor impacto desde que Andrés Manuel López Obrador asumió la Presidencia.
Jaime Bonilla ganó la elección en esa entidad con el 50.61% de los 840 mil votos que se depositaron en las urnas el domingo 2 de junio de este año. Los ciudadanos sufragaron para elegir un gobierno de 2 años, sin embargo la ambición posterior al triunfo llevó a la vergonzosa maniobra para ampliar su mandato 3 años más de lo originalmente planteado por la Constitución local, que fue modificada con artimañas para tratar de legitimar un quinquenio. Como le anticipé hace 2 meses, era inevitable que el tema llegara al análisis de la Corte, finalmente el ministro Fernando Franco González Salas admitió a estudio las acciones presentadas por PRI, PAN, MC y PRD.
Se requerirán 8 votos para expulsar del orden jurídico la reforma a modo que pretende alterar la voluntad original de los ciudadanos. Pocas veces los ministros han encontrado una decisión tan clara para evitar una infamia y abonar en el prestigio de la institución.
Es conocida la verticalidad y el criterio independiente del ministro Franco, quien presentará a sus colegas un proyecto de resolución sobre el caso en las próximas semanas. Según fuentes judiciales, la propuesta vendría en el sentido de declarar inconstitucional el llamado “Bonillazo” antes del periodo vacacional de diciembre. Se a cual sea el sentido de esta resolución, marcará a la Suprema Corte. Revertir el abuso en Baja California daría una bocanada de oxígeno a la percepción social que existe sobre nuestro Tribunal Constitucional en la víspera de la reforma que viene para el Poder Judicial de la Federación.
EDICTOS
En el frente de la UNAM, el proceso para reelegir a Enrique Graue por 4 años más, está en marcha. La estabilidad de la Máxima Casa de Estudios dará certeza al escenario nacional que podría alterarse si se viviera un proceso de sucesión convulso. La Junta de Gobierno ha determinado que hay 3 aspirantes idóneos: Angélica Cuéllar, directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales; el actual rector y Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas, son las opciones para encabezar a la institución de educación superior más importante del país. Graue daría continuidad, Salazar significaría el fin de la prolongada hegemonía del grupo de los médicos para ver retornar a los juristas en el timón universitario. Sin duda, el director de Jurídicas tiene el conocimiento, experiencia y talante necesario para encabezar la responsabilidad.
Hasta el jueves.
POR ENRIQUE RODRÍGUEZ
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