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Se derrumba la industria de la construcción

Reportan pérdidas millonarias y un futuro incierto por los recortes presupuestales para 2020

OPINIÓN

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Aunque no se tiene registro de empresas quebradas, desde 2017 la industria de la construcción sufre una de sus peores crisis de los últimos años.

Los cálculos más conservadores hablan de pérdidas anuales de entre 10 y 15 por ciento, pero hay otros que las calculan hasta en 30 por ciento.

El hecho es que la tendencia seguirá al alza por la incertidumbre económica del país, pero sobre todo por la falta de recursos, particularmente para el desarrollo de viviendas de interés social. El tema tiene prendidos de la lámpara a constructores y desarrolladores pero también a diputados federales, quienes reman contra corriente para evitar más recortes presupuestales y un impacto negativo en el monto que se destinará a ese rubro en el Paquete Económico 2020.

Tal y como lo publiqué en este espacio el 16 de octubre, el Programa de Vivienda Social pasará de 6 mil millones de pesos a 2 mil millones para el próximo año, lo que significa que no podrá cubrirse el déficit de unos 10 millones de viviendas en el país.

La crisis se agudizó a finales de 2017, en los albores de la sucesión presidencial, aunque los desarrolladores actuaron con cautela para no sobreinventariar su producción de vivienda social y eso evitó que muchas empresas quebraran.

El último antecedente de quiebras data de 2013, cuando tres firmas (Geo, Homex y Urbi) dejaron de existir por motivos diferentes al mercado, sobre todo, por malos manejos.

Hoy, el escenario y las condiciones son diferentes. La industria está en caída libre por falta de subsidio.

Un diagnóstico de la Comisión de Vivienda de San Lázaro establece que la falta de subsidios ya orilló a desarrolladores a rematar unas 30 mil viviendas de interés social, con el consecuente impacto negativo en sus finanzas. Eso los obligó a renegociar financiamiento con la Sociedad Hipotecaria Federal, que depende de Hacienda.

No hay liquidez, apoyos ni proyectos. En el mejor de los casos, las pérdidas son marginales, aunque cada vez son más las empresas que se acercan a la insolvencia económica.

Y lo peor está por venir con la pérdida de miles de fuentes de empleo. Hasta el momento, se calcula que 300 mil personas, vinculadas con la industria, se han quedado sin trabajo.

Dentro y fuera del Congreso buscan alternativa para frenar la caída del sector.

Uno de los planteamientos es mantener un presupuesto razonable y evitar los recortes para impulsar y subsidiar la vivienda de interés social, no sólo para apuntalar a la industria, sino también para dotar de vivienda a los millones de mexicanos que carecen de ella.

Otra propuesta es crear excepciones de impuestos para las empresas que construyan viviendas con un costo menor a los 500 mil pesos.

Como éstas, existen otras alternativas, el punto es que el gobierno federal no ha dicho esta boca es mía; incluso, desde Hacienda salió la orden de recortar el presupuesto para subsidiar la construcción de vivienda social.

Lo que pretenden ahora es que la Sedatu, a través de la Comisión Nacional de Vivienda, tome el control de esos programas, otra vez, para quitar a los intermediarios.

Todo suena muy bien, el punto es que éste, como otros proyectos, no tiene ni pies ni cabeza, y ya colocó a un sector productivo, el de la construcción, al borde del colapso.

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Fueron 57 los candidatos que se registraron para postular por la presidencia de la CNDH, y 56 de ellos comparecieron esta semana ante el Senado.

Los senadores tendrán que elegir al próximo ombudsman nacional antes del 16 de noviembre, y, aunque todavía no toman una decisión, cada vez cobran más fuerza dos nombres: Arturo Peimbert, ex titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, y José de Jesús Orozco, ex magistrado del Tribunal Electoral.

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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante que el conocimiento.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX 

@ALFREDOLEZ

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