¿Por qué es tan extraño que un poder ejerza la autonomía que tiene legal y legítimamente? ¿Por qué el ministro presidente de la Suprema Corte no podría ejercer su libertad de expresión y análisis jurídico en las redes sin que suene a conspiración política? Los asuntos legales se dirimen en juzgados y tribunales.
Un sistema de justicia sano en un Estado democrático tiene tres componentes básicos: un Poder Judicial autónomo, autorregulado por principios éticos y valores acordes con la transparencia y la rendición de cuentas; un Poder Legislativo que diseña leyes eficaces y un aparato de procuración e investigación independiente de los vaivenes políticos.
Según el Reporte de Competitividad Global 2019 del Foro Económico Mundial, México ocupa el lugar 103 de 141 en independencia judicial, con un valor de 3.0 en una escala del 1 al 7. El país mejor posicionado es Finlandia, con 6.6.
Las diferencias de fondo están en lo referente a la cultura cívica y el estado de derecho. Ese país es también el más feliz del planeta, de acuerdo con el ranking de Naciones Unidas, y es considerado un modelo en educación, igualdad de género, calidad de vida y política anticorrupción. Eso explica por qué el sistema de justicia no tiene que lidiar con una descomposición social galopante.
Visto así, el diablo está en los detalles. ¿Qué necesitamos para que en México haya una justicia real? Es importante que el diseño de nuestro marco legal garantice igualdad de circunstancias para todos, procesos rápidos y expeditos, y una justicia que no mida con diferentes varas y medidas. Un síntoma de ello es la iniciativa de ley de amnistía impulsada recientemente para aliviar una cantidad considerable de injusticias. En un país tan desigual se agudiza la vulnerabilidad de personas procesadas por aborto o el robo de un pan, por no tener para pagar un defensor o simplemente por no hablar español, como ocurre con indígenas y extranjeros que no tienen un intérprete.
No son casos aislados. El subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas, dijo en su oportunidad que se habían recibido mil 221 solicitudes de personas encarceladas con presunciones sólidas de procesos indebidos y prácticas ilegales e injustas. De ese total, incluso 45 fueron liberadas mediante el desistimiento de la acción penal, reposición del proceso o sentencia absolutoria por falta de elementos. Pero ¿qué necesidad de llegar a ese punto?
Necesitamos leyes y reglas claras, arrancar la corrupción de raíz y crear una conciencia real en todos los eslabones de nuestro sistema de justicia. ¿Cómo es posible que 25 años después llegue una disculpa por parte del Estado por el maltrato y violación que sufrieron tres mujeres indígenas en Chiapas a manos de militares? Eso, sin contar la inaceptable e indignante impunidad de los culpables.
¿Cómo es posible que Karla Castro esté indefensa ante empresas como Ternium y Siemens que no asumen su responsabilidad en un accidente de trabajo que puso en riesgo su vida por la ausencia de medidas de seguridad industrial? Para que sea expedita, la justicia debe ser autónoma, libre de la corrupción, presiones e intereses externos.
POR ADRIANA DELGADO RUIZ
COLABORADORA
@ADRIDELGADORUIZ
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