Tratar de explicar lo inexplicable. De eso parece tratar ahora la chamba de los encargados de seguridad. La operación fallida el jueves, que derivó en violencia, balaceras, quema de vehículos y fuga de 50 internos del penal de Aguaruto, en Culiacán, es retrato de la realidad que, más allá de discursos y buenos deseos, atropella a nuestro país.

Ese día el gobierno federal decidió ceder, ante las balas del crimen, una ciudad a un grupo delincuencial. La capital de un estado cayó. Atestiguamos la claudicación de autoridades; renunciaron a su responsabilidad. Detuvieron, pese a que lo negó el secretario de Seguridad Alfonso Durazo, a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, lo que desató el caos. El plan para hacerlo fue tan desastroso, que debieron liberarlo. El viernes en la radio, en MVS Noticias, un abogado de la familia Guzmán, José Luis González confirmó que hubo detención y negociación para la liberación: lo detuvieron antes de las 3:00 pm, y fue cerca de las 8:00 pm que tuvo confirmación de su libertad. ¿Qué sucedió en esas horas, además del caos que se apoderó de las calles? ¿Quién negoció? ¿Qué negoció? Las explicaciones las debe un gobierno que, no sólo permanece en el lugar común, sino que ha ocultado información.

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Los secretarios de Seguridad, Defensa y Marina dieron la instrucción de suspender el operativo fallido y dejar ir a Guzmán López tras recibir información de que cientos de integrantes del cártel de Sinaloa tenían rodeados a militares e integrantes de la Guardia Nacional que habían sido desplegados.

Habrá que sumar que integrantes de bandas criminales, en un lapso no mayor a 15 minutos, desplegaron más de 100 vehículos, y 400 hombres armados en zonas estratégicas: viviendas de militares cuyas familias se encontraban en su interior –en el complejo habitacional de la Colonia 21 de Marzo- a las que amenazaban con prenderles fuego, y la 9ª zona militar que amagaron con atacar.

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Ningún secretario se manda solo. Menos tratándose de un asunto de seguridad, donde el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es uno. La decisión la tomó el Presidente. Y la tomó, cuentan a este espacio fuentes de primer nivel del gabinete de seguridad. AMLO no tuvo información sino hasta desbordada la violencia. Con la estimación que le presentaron –decenas, sino es que cientos de muertos-, optó por la retirada. Los secretarios acataron, pese a resistencias en las fuerzas desplegadas. Los responsables de detener y dejar ir a un prófugo de la justicia, violaron el artículo 150, del Capítulo 1 evasión de presos, Título Cuarto del Código Penal: se aplicarán de seis meses a nueve años de prisión, siete a 15 años de prisión si el inculpado tuviera delitos contra la salud, y un incremento de una tercera parte de la pena si fuese servidor público, a quien favoreciere la evasión de algún detenido.

Con la confirmación de la detención y liberación, más allá de discursos y malabares, tendría que haber consecuencias. No sólo el Estado fue sometido y se rindió, cometió delitos.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN 

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM 

@MLOPEZSANMARTIN

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