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Urge integrar una política carcelaria

México necesita encarcelar a aproximadamente 250 mil delincuentes para poder controlar su epidemia de inseguridad. Tiene que ajustar su política social para incluir a sus reos

OPINIÓN

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Cuando trabajé como asesor del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal con el ahora fiscal, el doctor Alejandro Gertz, circulaba un cálculo de que aproximadamente 40 mil personas eran los que producían el 80 por ciento de los crímenes entre los 8.5 millones de capitalinos. Desde entonces no he visto una cifra mejor respaldada, por lo que asumamos, para efectos de este ejercicio, que sigue vigente.

Si son 40 mil delincuentes profesionales en 8.5 millones, y ésta cifra se extrapola a una población de 120 millones a nivel nacional, son aproximadamente 500 mil personas que todos los días amanecen sólo para agredir a la sociedad.

Para acabar con la percepción de impunidad que sustenta la epidemia de delincuencia en el país se requeriría encarcelar a la mitad de estos criminales empedernidos. 250 mil personas tendrían que estar siendo procesados para que México comience a sanar de su principal enfermedad social.

La finalidad de esto sería: 1) separar a los agresores de sus víctimas inmediatas y futuras, 2) acabar con los incentivos que promueven la delincuencia, y 3) acabar con la percepción de impunidad, que hace la actividad criminal tan atractiva.

Actualmente son poco menos de 200 mil reos a nivel nacional. La población penitenciaria se redujo más de 25 por ciento en los últimos cinco años, lo cual coincidió con el último incremento récord en el nivel de delincuencia.

Todo producto de un gobierno que implementó con catastrófica ineptitud el nuevo sistema acusatorio de justicia. Queda claro que la aseveración de que las personas encarceladas son víctimas es falso. Esto no quiere decir que no hubiera chivos expiatorios, pero definitivamente no los que los apologistas del crimen nos hacen creer.

México gasta alrededor de 15 mil millones de pesos en sus reos. Necesita más que duplicar su población penitenciaria y más que triplicar el gasto en su reclusión para poder implementar programas verídicos de rehabilitación.

De acuerdo con los estudios más recientes, a México le cuesta la delincuencia entre seis y ocho por ciento de su PIB, lo cual es entre 60 mil y 80 mil millones de dólares.

Gastar 2.5 mil millones de dólares para resolver este problema sería la ganga del siglo para nuestro país en términos económicos y de bienestar social. Estados Unidos tiene dos millones 300 mil reos, lo cual es el doble, per cápita, de lo que estamos proponiendo aquí.

Gobernar no es regalar dinero, ni transar con grupos de interés en deterioro del bien común. Es ejercer el poder, principalmente para proteger a los ciudadanos que cumplen la ley. Todo lo demás, hasta los más apreciados tótems de la sociedad como la educación y la salud pública, son secundarios ante este imperativo.

De nada sirve regar subsidios y construir escuelas si quienes reciben las dádivas son asaltados y si los niños no pueden ir a la escuela por miedo.

Una política social seria pondría al sistema de procuración y administración como su principal prioridad.

 

POR AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ

*PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN IMAGEN DE MÉXICO Y CONDUCTOR DE ADN40 NEWS

@AGUSTIN BARRIOSG

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