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Derecho a conocer el estado de salud del Presidente

No es necesario conocer todo el expediente clínico del mandatario, sino sólo las enfermedades que afecten su desempeño

OPINIÓN

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El 31 de julio de 2019 se publicó en la Gaceta de la Comisión Permanente del Congreso una iniciativa presentada por la diputada Dulce María Sauri Riancho, para adicionar el artículo 71 de Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en materia de obligaciones del Presidente para dar a conocer su estado de salud.

El senador Ricardo Monreal en 2008 y 2011 presentó dos iniciativas que contemplaban el derecho a conocer el expediente clínico del Presidente, funcionarios públicos y candidatos.

El argumento para conocer el estado de salud del Presidente se origina en función de la obligación que tienen los gobiernos democráticos de garantizar a los ciudadanos que se pueda analizar, juzgar y evaluar el desempeño de sus representantes y que “la salud de los gobernantes la padecemos todos”.

El acceso al expediente clínico de jefes de Estado o de gobierno se justifica por el interés público. Sin embargo, creo que no es necesario conocer todo el expediente clínico del mandatario, sino sólo las enfermedades que afecten o pongan en riesgo su desempeño o la gobernabilidad del Estado. El derecho a saber de enfermedades que los aquejan no siempre puede permanecer en la esfera íntima y privada de los mismos.

La historia nos ha demostrado que las enfermedades físicas o mentales de los jefes de Estado o de gobierno han tenido graves consecuencias en el desarrollo de la política, la economía y la sociedad, no sólo de sus países sino del mundo entero. Tal es el ejemplo de Woodrow Wilson, Georges Pompidou o Hugo Chávez, pues en su momento la revelación de su estado de salud pudo haber sido más benéfica que perjudicial.

En México, el INAI y el poder judicial han resuelto que la información contenida en el expediente clínico del Presidente sea clasifica como datos personales confidenciales.

No obstante, las resoluciones emitidas ponen en evidencia la debilidad de los razonamientos para determinar la confidencialidad de los datos: no consideraron que excepcionalmente la divulgación de datos personales pueda justificarse a causa del interés público; se olvidaron de recurrir a criterios jurisprudenciales nacionales e internacionales para fundamentarlas; no aplicaron lo señalado en el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos que justifica el derecho de los ciudadanos a conocer sobre las enfermedades de sus presidentes, y no realizaron un examen de ponderación de derechos para demostrar que en este caso el interés público está por encima del derecho a la privacidad e intimidad del Presidente.

Por ello, el tema de la salud del primer mandatario debe discutirse en los tres órdenes de gobierno, para lograr subsanar la tendencia de interpretación del INAI y el Poder Judicial.

El Presidente debe tener un umbral de protección menor a su privacidad para garantizar el derecho al acceso a la información y evitar las especulaciones acerca de su capacidad para gobernar.

POR HILDA NUCCI
COLABORADORA
@HILNUCCI

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