Sacudida al Poder Judicial prepara el Senado de la República para alinearlo a los preceptos de la cuatroté que, dice el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de Morena en esa Cámara, Ricardo Monreal, se proponen acabar con la “corrupción”, los “vicios” y el “nepotismo”.

De entrada, queda descartada la vía de la reforma interna en el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que será vía el Legislativo, un poder externo, como se realice esta modificación estructural, toda vez que, considera Monreal, “está bien la autocorrección, pero no basta”.

No es nuevo este intento para manosear desde el Legislativo al Poder Judicial, pues desde abril pasado se había planteado en el Senado, pero dos hechos pusieron la mesa a Morena para avanzar en su concreción: la renuncia del ministro Eduardo Medina Mora, indagado por presunto lavado de dinero; y la suspensión por supuesta corrupción del magistrado Jorge Camero Ocampo, quien revisaba los amparos contra el aeropuerto de Santa Lucía.

Hay dos vías para reformar un poder constitucional. La interna, producto de la autocrítica y la autocorrección, y la externa, producto de la iniciativa y del ejercicio de las facultades de otro poder. En el caso del Judicial, conforme al diseño constitucional vigente, correspondería al Legislativo y al Constituyente Permanente iniciar o complementar las reformas que demanda la sociedad”, expuso Monreal.

Y en los próximos días se reunirá con los integrantes del sistema de justicia, en donde se afinará esta “reforma de gran calado”, como la llama Monreal, a quien, por cierto, le gustaría “ver una Corte más sigilosa, prudente, juiciosa”, porque “no me gusta que los jueces litiguen en los medios”, en referencia al ministro presidente de la Corte, Arturo Zaldívar. Van, pues, por una Corte a la medida.

Hablando del presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, vaya papa caliente que le lanzó el presidente Andrés López Obrador, al dejar en sus manos el fallo final sobre la Ley Bonilla, con la que se pretende ampliar de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla en Baja California. Por ahora, la Corte está imposibilitada de pronunciarse, pues dicha legislación ni siquiera se ha publicado en el Periódico Oficial del estado, por lo que no se ha consumado. Cuando ocurra eso, entonces sí podrá recibir acciones de inconstitucionalidad.

Si falla a favor, la percepción será de sometimiento. Si es en contra, se echa encima a un sector de Morena, el partido en el poder. Lo más sano es que resuelva apegado a la Constitución, y no para las gradas.

EN EL VISOR: A la Corte llegará la ley antifactureras, que eleva a delincuencia organizada la defraudación fiscal. Juvenal Lobato, de Coparmex, y Manuel Rodríguez, de Concanaco, advirtieron a diputados que la combatirán con una acción de inconstitucionalidad.

 

POR RAYMUNDO SÁNCHEZ

RAYMUNDO.SANCHEZ@HERALDODEMEXICO.COM.MX 

@R_SANCHEZP

eadp