La impunidad en la 4T

La impunidad y la corrupción caminan por el mismo sendero. Cuando es posible delinquir con la certeza de que no habrá sanción alguna, se conforma un ambiente de corrupción en el que no impera el Estado de Derecho, y falla el gobierno en su responsabilidad de garantizar seguridad a los ciudadanos. Esta situación, además de corrupta, debilita al Estado y a sus instituciones, además de generar incentivos perversos para quienes, con justicia o sin ella, plantean alguna demanda a las autoridades. El caso de la Escuela Normal de Tenería es uno de los muchos ejemplos de la forma como la autodenominada Cuarta Transformación ha optado por resolver los conflictos.

El argumento del gobierno ha sido privilegiar el diálogo y la negociación como la estrategia idónea, diferente, constructiva; para enfrentar a quienes se manifiestan por una causa u otra. La premisa ha sido no confrontar y buscar soluciones eficientes, sin lastimar a las personas; realizar detenciones o iniciar procedimientos jurídicos en contra de los demandantes.

Por eso ya se hizo costumbre que la forma de obtener algún beneficio o al menos abrir una mesa de negociación es bloquear avenidas, cerrar el acceso al aeropuerto de la ciudad o paralizar por horas a la capital, así sean maestros, la policía federal, taxistas o cualquier otro grupo con demandas a la autoridad. En este contexto, tampoco los responsables del vandalismo en las manifestaciones de las últimas semanas parecen merecer una acción de la autoridad en su contra. El 2 de octubre la estrategia falló: ni se logró mantener la paz y el orden, ni la policía actuó.

No hay un solo indicio que apunte a que el gobierno cambiará su estrategia. Corresponde entonces analizar la forma como tienen lugar los diálogos y las negociaciones. En el caso de los bloqueos realizados por los taxistas, las movilizaciones habían sido anunciadas desde antes; los puntos de bloqueo eran conocidos, los líderes estaban plenamente identificados; de hecho, había un diálogo iniciado. Entonces, la negociación fue tan ineficiente que tomó prácticamente todo el día para liberar las entradas al aeropuerto de la ciudad. Se dirá que se tomaron medidas oportunas, que se trató de reducir las afectaciones a los ciudadanos y que al final los taxistas se retiraron. Con todo, miles de capitalinos fuimos afectados en aras de que el gobierno sostuviera una estrategia que, al menos, operó muy lentamente.

En el caso de la Normal de Tenería, ya no extraña que los jóvenes hayan optado por robar 90 camiones y secuestrar a 92 choferes para conseguir 84 plazas y otras demandas. La negociación con la Secretaría de Gobernación falló, pues aun con documento firmado, los normalistas no liberaron de inmediato a los choferes secuestrados. Aquí no se trata de afectación al tráfico, sino a 92 personas y sus familias que fueron privados de su libertad. Al parecer esos actos quedarán impunes. La pregunta es: ¿a quién va a secuestrar el siguiente grupo que busque atención gubernamental? Impunidad y corrupción son lo mismo.