Hace cosa de dos años, el exgobernador de Puebla, Antonio Gali, realizaba una gira por el Triángulo Rojo, que delimita la zona de mayor robo de combustibles del estado. Una señora se le acercó para pedirle que fuera a su casa a hablar con su hijo, de 10 años.
Gali, intrigado, preguntó ¿por qué? La madre explicó que su hijo ya no quería ir a la escuela, porque ya trabajaba y ganaba mucho dinero. ¿En qué trabaja tu hijo?, preguntó Gali. “Es halcón de los huachicoleros y dice que ya no necesita ir a la escuela porque gana mucho dinero, incluso gana más que su papá”. Gali se quedó petrificado. Ya no supe si fue a hablar con aquel chiquillo.
Ese niño, sin saberlo, seguramente es el último eslabón de una larguísima y muy lucrativa cadena delincuencial que convirtió al robo de combustibles en el segundo delito más lucrativo del país, apenas por debajo del narcotráfico. Igual que el tráfico de drogas, el huachicoleo no puede explicarse sin la complicidad institucional.
El Heraldo de México publicó sendos reportajes denunciando la sospechosa actuación de Pemex Logística, a cargo de Armando David Palacios Hernández, quien fue incapaz de contener el robo de hidrocarburos. Aún peor, sólo durante 2017 las pérdidas netas de Pemex Logística se dispararon 138%.
El nuevo gobierno federal tomó la difícil y valiente decisión de cerrar los ductos y vigilarlos con el Ejército, Marina y Policía Federal para destruir las tomas clandestinas. Buena decisión, muy mal aplicada. En lugar de entregar la gasolina por los ductos, se mandó en pipas y eso provocó escasez y desabasto en 10 estados del país. El problema fue que no verificaron que hubiera suficientes reservas de combustible para satisfacer la demanda.
El presidente López Obrador señala a funcionarios corruptos de los gobiernos de Fox, Calderón y Peña de estar involucrados en ese multimillonario robo. Las cifras de ese lucro ilegal llegan hasta los 60 mil millones de pesos. El problema es que no se dan nombres de los implicados y no tenemos certeza de que los sabremos. El huachicoleo nos afecta absolutamente a todos. Quienes tienen vehículo propio, pagan más por las gasolinas. Quienes no, pagan más por el transporte público y todos pagamos más por el transporte de los productos básicos que consumimos. Ojalá que este gobierno acabe con el robo de combustibles y no lo deje impune, que los responsables paguen ante la ley.
BON APPÉTIT: Ruth Olvera Nieto, presidenta municipal de Atizapán de Zaragoza, recibió las finanzas municipales en quiebra. Como ejemplo, heredó laudos laborales por 300 mdp. Por ello nombró a un experimentado equipo al frente de la tesorería municipal… Lo encabeza Fernando Reina, experto en finanzas públicas y reestructuración de deuda, excoordinador de delegados federales de Profepa. El reto no es menor, Atizapán tiene deudas por 800 mdp (400 de ellos a Banobras) y su presupuesto es de 2 mil 590 mdp.
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