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Naldy Rodríguez: ¿Desaparecer al INAI?

Para combatir la corrupción, el primer paso es garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental

OPINIÓN

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La inesperada y extraña muerte de Carlos Bonnin dejó vacante un escaño en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). La convocatoria forzosa y la transición presidencial generan una coyuntura para analizar el trabajo realizado en 14 años por este organismo autónomo y los retos para garantizar a los ciudadanos este derecho llave. La muerte de Bonnin el 26 de noviembre al caer del quinto piso del edificio del Instituto es investigada por la Procuraduría de la Ciudad de México. Mientras tanto, alzaron la mano quienes aspiran a ocupar su lugar. Son 20 hombres y nueve mujeres. Lo que sigue es la selección de un personaje para cubrir “la vacante” y deberá realizarse en un plazo máximo de dos meses. Entre los que se inscribieron en el proceso se encuentran ocho aspirantes que ya habían participado en la convocatoria de abril, en la que resultó seleccionado Bonnin. Se trata de Alma Clarisa Rico Díaz, secretaria particular de la comisionada del Inai Patricia Kurczyn; de Elsa Bibiana Peralta, única comisionada en la Ciudad de México -amparada para evitar ser removida-; Lucero Romero, jefa de Unidad de Gestión Documental y Archivística del órgano de Tlaxcala; María de los Ángeles Guzmán García, docente de la UNAM y asesora en el Tribunal Electoral de la CDMX, y Yolli García, comisionada del endeudado órgano de transparencia de Veracruz. También se encuentra el exconsejero electoral del INE Javier Santiago Castillo; Daniel Balboa Verduzco, exaspirante a la CNDH, y José Alberto Reyes Fernández, exdirector general de Innovación Sectorial de la SCT. Otra aspirante fue candidata a diputada de Puebla por el PVEM, y uno más fue comisionado del órgano de Transparencia de Michoacán, con observaciones financieras, y hasta un exdirector de Comunicación Social de Rosario Robles, recientemente inhabilitado por el órgano de control de la extinta Sedesol. En contraparte, hay buenos perfiles como el de Ernesto Villanueva, dedicado a estudiar el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, y autor de proyectos de leyes de transparencia de diferentes países. Hay fallas en el sistema de acceso a la información, como el incumplimiento de las resoluciones y la resistencia de los sujetos obligados a entregar los datos, pero el ejercicio de este derecho ha contribuido a revelar excesos en el poder y actos de corrupción en diferentes esferas del gobierno. Recordemos tan sólo la estafa maestra y las empresas fantasma de Veracruz. La solución no es desaparecer el Inai ni los organismos locales de transparencia, como proponen liderazgos de la Cuarta Transformación. Sí se requiere sanearlos y establecer mecanismos eficientes que permitan su cumplimiento y personas idóneas para dirigir los institutos. Hay que insistir en que para combatir la corrupción, el primer paso es garantizar el derecho de acceso a la información. No hay de otra.

ydlan@hotmail.com

@ydlan