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Coordinación vs. exclusión e inequidad

No se requiere más burocracia, sino asignar recursos suficientes y construir una legislación que facilite su aplicación, a fin de evitar conflictos sociales

OPINIÓN

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En campaña es frecuente escuchar de los ciudadanos que no hacen falta más leyes: “Con que se cumplan las que existen, tendríamos un país mejor”. Lamentablemente, muchas normas se quedan en catálogos de buenos deseos, pues no se exige su cumplimiento. Otras, peor aún, se dejan a la voluntad del servidor público. Es el caso de la coordinación metropolitana, ahí donde podrían confluir presupuestos y decisiones de los gobiernos federal, estatal y municipal, para resolver problemas tan cotidianos como relevantes si actuaran en armonía: protección al ambiente; transporte; tránsito; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, así como seguridad pública, entre otros. Además de la falta de presupuesto para acciones comunes, uno de los grandes pretextos era que el Congreso de la Unión carecía de facultades para legislar en la materia, omisión que ya es un mandato constitucional, aunque limitado, porque por ahora, sólo aplica para la zona metropolitana del valle de México. Como en muchos temas en nuestro país, vamos muy por detrás de la realidad: existen 74 zonas metropolitanas en el territorio nacional. Sin embargo, estamos frente a la oportunidad de sentar un precedente que sirva como modelo para garantizar la planeación de largo plazo y la sustentabilidad en el desarrollo de todas nuestras metrópolis. Por fortuna, no partimos de cero. En la pasada legislatura actualizamos la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano que regula de manera general el desarrollo metropolitano: desde el proceso de planeación, la regulación, la gestión, el financiamiento, hasta la ejecución de acciones, obras y servicios. En lo que fue un trabajo plural y cercano a los especialistas y la sociedad, establecimos los principios que deberán guiar esta primera ley de coordinación metropolitana para la capital del país y el Estado de México e Hidalgo: derecho a la ciudad, equidad e inclusión; derecho a la propiedad urbana; transparencia: productividad; eficiencia; progresividad del espacio público; sustentabilidad; accesibilidad y movilidad. Ahora es necesario establecer mecanismos de coordinación y evaluación administrativa, delimitar ámbitos territoriales, acciones para la operación, así como la asignación de recursos para proyectos metropolitanos. Debemos incidir a favor de las personas y sus familias e incluir una perspectiva de género, habida cuenta de que la Organización de los Estados Americanos ha señalado que “el ritmo acelerado de la urbanización está creando nuevas formas de marginalidad social y económica que fomentan la delincuencia y la violencia a niveles epidémicos”. No se requiere más burocracia, sino asignar recursos suficientes y construir una legislación que facilite su aplicación, a fin de evitar conflictos sociales, administrativos y eliminar los procesos de marginalización que provocan la exclusión y la inequidad.  

Diputada Federal del PRI

@analiliaherrera