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Gustavo Parra: A 10 años de proteger datos en México

OPINIÓN

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A propósito del Día Internacional de Protección de Datos Personales, el cual se celebra en conmemoración con la apertura de firma del Convenio 108 en 1981, en México en este año se celebra la primera década de la reforma constitucional que introdujo en 2009 el derecho humano a poder controlar y disponer de nuestra información personal, a través del ejercicio de los derechos ARCO con las excepciones que marcan las leyes. En este contexto, las reformas a los artículos 16 y 73 constitucionales constituyeron un punto de salida para que se desarrollara por cuenta separada y como un derecho autónomo la protección de datos personales, distinto a sólo verlo como un límite al de Acceso a la Información Pública. Con esta reforma al artículo 73, se pudo aprobar la ley para particulares, dando a la Federación una competencia exclusiva en este campo. La intención fue que nuestra ley protegiera la información de la persona, sin que se obstaculizara el campo del comercio y de la sociedad de la información, con la búsqueda de un modelo híbrido que lograra un balance entre posturas muy proteccionistas que desalientan la inversión y la innovación, pero sin dejar de darle a la materia el valor que tiene como derecho humano, alejándose de planteamientos liberales en donde la autoridad no tuviera el peso o el enforcement suficiente para corregir y castigar abusos de empresas y particulares. Esta incorporación realizada por la LX Legislatura del Congreso de la Unión fue relevante, pues contribuye a consolidar dos derechos humanos de última generación en la antesala de la gran reforma constitucional de 2011 en materia de derechos fundamentales y que dio pie a ensanchar las fronteras de nuestro derecho de protección de datos personales con la adhesión a tratados internacionales, como el Convenio 108, del que hoy México forma parte. A partir de entonces, al otrora IFAI se le encargó la tutela de este derecho y fue con la reforma de 2014 que se consolida como autoridad federal. Se ordena la emisión de la Ley de datos para el sector público, logrando que se homologuen los ordenamientos de ambos sectores y se creó el #SNT para la promoción y fomento de la protección de este derecho en los órdenes de gobierno, impulsando el diseño de mecanismos de coordinación y de políticas públicas. A la luz de esta normatividad, surgen nuevos retos, como la portabilidad, la adecuación de la normativa federal ante los nuevos retos tecnológicos y la eficacia de la autoridad garante, entre otros. Hemos sido testigos de los pasos agigantados que ha tenido México para proteger la autodeterminación informativa de las personas. Sin embargo, falta mucho por hacer para lograr permear la conciencia personal y colectiva en pro de este derecho y la cultura de su protección frente al Estado y al mercado.  

COMISIONADO DEL INSTITUTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO