Un frente del que poco se habla en la lucha contra el huachicoleo es el de la impartición de justicia. El número de procesos penales contra perforadores de ductos y los estrategas del crimen organizado que los patrocinan, son pocos en los juzgados federales, en comparación con el tamaño del problema.
En respuesta a una solicitud de información, la entonces PGR detalló que entre 2012 y 2016 se detuvo a 2 mil 86 personas por robo de hidrocarburos y de estos casos sólo 249 recibieron sentencia. De 2017 a 2018 los números no mostraron una tendencia distinta.
El Heraldo de México publicó el 23 de enero que Pemex reportó el año pasado 40 perforaciones de ductos de combustible diarias en promedio. Es decir, 14 mil 600 tomas clandestinas se registraron en 2018; principalmente en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Puebla e Hidalgo. Un abogado que participó periódicamente en reuniones entre funcionarios de la paraestatal, la entonces PGR y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), reveló a esta columna que se compartía información y daba seguimiento a la estrategia contra el huachicoleo.
En estas sesiones de trabajo que no se hicieron públicas, se lanzaron recriminaciones al personal de la hoy Fiscalía, en el sentido de que no integraron bien las carpetas de investigación y eso dificultó el trabajo de los jueces de distrito para fincar procesos sólidos.
A su vez, abogados de Pemex, reprocharon al CJF que algunos juzgadores fueron demasiado garantistas ante casos muy claros y eso habría provocado un reducido número de sentencias en contra de operadores del crimen organizado dedicados al robo de combustibles en entidades como Tabasco, Puebla, Hidalgo y Tamaulipas. En estas reuniones no se dejó de hablar sobre lo que se interpretó como presuntos patrones de benevolencia de algunos jueces que liberaron con sospechosa rapidez a huachicoleros bien identificados por las autoridades. En este contexto sería oportuno que el CJF, revise y dé seguimiento a los procesos que sobre robo de hidrocarburos llegan a los juzgados de distrito para eliminar suspicacias. Alejandro Gertz, fiscal General de la República y el ministro Arturo Zaldívar, presidente del Consejo de la Judicatura Federal, tienen una gran oportunidad desde la autonomía de sus instituciones para coordinar una estrategia que combata la impunidad, particularmente en el huachicoleo. En este caso, el fuego sí se debe combatir con con fuego.
EDICTOS: Eduardo Ferrer Mac Gregor, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el presidente del Consejo General de la Abogacía Mexicana, Luis Ortiz Hidalgo, y otros titulares de colegios de abogados, como Adrián Ojeda Cortés de la ANADE suscribieron un acuerdo de cooperación con la finalidad de mejorar la administración de justicia. Todos los convenios en este sentido son bienvenidos.