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Tlahuelilpan, nunca más

La gente sabía dónde se vendía el combustible, producto del huachicol, y que los gobiernos se habían hecho ojo de hormiga

OPINIÓN

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El viernes 18 de enero de 2019 quedará en la memoria de los habitantes de Tlahuelipan, Hidalgo, tras la explosión de un ducto de Pemex que ha cobrado la vida de cerca de un centenar de personas. Las razones de la tragedia pueden ser varias: Una fuga provocada, la tradición del huachicol en municipios del Valle del Mezquital, la ignorancia de la población o la omisión de la autoridad. Todos los elementos se conjugaron para que a las 18:52 horas se registrara la tragedia. Desde que se corrió la voz de que en San Primitivo fluía gasolina llegaron pobladores de Tlahuelilpan y pueblos aledaños para llenar cubetas, jarras o bidones. Un delito, sí. Pero también por una urgencia de conseguir la gasolina debido al desabasto que habían padecido desde el 7 de enero. Lo señalé desde el 9 de enero en la tribuna del Congreso: en Ixmiquilpan, Tepatepec, y en el mismo Tlahuelilpan, la gente sabía dónde se vendía el combustible, producto del huachicol, y también que los gobiernos se habían hecho ojo de hormiga ante “una atrocidad espantosa que era urgente combatir”. Fue una terrible desgracia. Y ciertamente la ordeña de ductos es un delito. Pero criminalizar a las personas que estuvieron ahí es equivocado. Comentarios como “se lo buscaron y lo merecen” hacen ver mal a una sociedad que se rige por leyes. Como si el castigo por robar combustible deba ser la muerte en lugar de una sanción. Si bien las personas cometieron un ilícito, no se les debe excluir de la posibilidad de acceder a calidad de víctimas ante la ausencia de acción de la autoridad. Por ello, considero importante que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos intervenga para otorgarles la calidad de víctimas y que sean, además, integradas al Registro Nacional de Víctimas. Tampoco podemos ignorar que pudo haber negligencia por parte de la autoridad. Nadie dio cumplimiento a la Ley General de Protección Civil, que en su Capítulo XV, artículo 73 indica que en caso de riesgo inminente, los tres niveles de gobierno ejecutarán las medidas de seguridad, a fin de proteger la vida de la población. Tampoco se aplicó el protocolo del Sistema de Comando de Incidentes para acordonar el área de riesgo e impedir el acceso. Pasaron horas y autoridades de Protección Civil no llegaron con un altavoz para alertar a los pobladores del riesgo que corrían. Muchas preguntas requieren respuesta: ¿por qué Protección Civil federal no pidió ayuda de Pemex, que tiene instalaciones a 14 kilómetros del lugar? ¿Por qué fue tan limitada la actuación de la Sedena, Policía Federal, y de la estatal y municipal? ¿Quién tomó la decisión de no cerrar el ducto de inmediato? Es necesario que la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía General de la República revisen el actuar de los servidores públicos para que no se omita ninguna línea de investigación y se deslinden responsabilidades. No hay duda, me sumo a la intención del gobierno federal de combatir el huachicol. No obstante, es conveniente que se revise la estrategia.  

@xochitlgalvez