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La auténtica Razón de Estado más allá de la doctrina

La responsabilidad y el orden legal están atrás y delante de las grandes decisiones del Estado

OPINIÓN

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En estos tiempos, es propicio reparar en los conceptos y doctrinas tradicionales. Un clásico es la Razón de Estado. Actuar más allá del orden general establecido para salvaguardar los intereses del Estado y nosotros diríamos, de la nación. En el auténtico Estado de Derecho sólo es válida la razón de Estado prevista y, en su caso, acotada en la Constitución. Deben ser casos de excepción y hoy por hoy dentro de un régimen garantista, como son los casos de suspensión de garantías; expropiaciones; expulsión de extranjeros, combate a epidemias, y otros. Los procedimientos y la utilidad pública deben ser observados a la luz del beneficio social real sin interés personal o de grupo. La ecuación es: sólo resulta correcto invocar la Razón de Estado con juridicidad y en beneficio social. Estamos viviendo una época de severas situaciones, medidas y acciones. El Estado de Derecho debe ser sustento de toda acción estatal. El acento verdaderamente al límite en la doctrina del poder institucional es la razón de Estado. Claro, no se debe confundir el concepto con medidas estrictas de significativo impacto. la Razón de Estado sólo se aplica para atender una cuestión que, indudablemente, es de excepción para la sociedad y el Estado. Es claro que siempre, aun en casos extremos, se debe apegar al régimen constitucional y que la razón de Estado no es razón o motivo del poder para actuar con arbitrariedad. Es motivo de actuar en un régimen especial regulado para atender lo emergente. Desde la época romana está prevista la razón de Estado y es que conforme evolucionó el mundo en la política y el Derecho constitucional, se acota y encauza al poder público cuando se trata de casos extremos como es, precisamente, la razón de Estado y como se puede observar, no podemos sustraernos a la idea de que el acotamiento del poder por la libertad de los seres humanos es el origen y versión irreductible del Derecho Constitucional. Tanto lo jurídico como las instituciones públicas deben ubicarse en las necesidades del momento histórico. En el fin último y en el “cómo se aplica” la razón de Estado, siempre se debe partir de una concepción y aplicación bajo la salvaguarda de la sociedad y de las instituciones, dado que no debe frustrarse su naturaleza. En el mismo tenor, es muy claro que el énfasis para adoptar la decisión debe ser el bienestar de la sociedad en un ambiente de justicia distributiva y conmutativa. El criterio político y el conocimiento del andamiaje jurídico son muy importantes, por ello, no se debe dejar de lado, en todo caso, que es menester ponderar con responsabilidad cuándo actuar con procedimientos ordinarios y cuándo es necesario y acreditable, acudir a la razón de Estado, siempre en el marco y bajo el sostén de nuestro régimen jurídico. La responsabilidad y el orden legal están atrás y por delante de las grandes decisiones del Estado para actuar con certeza: todo acto de autoridad debe tener verificativo con competencia y debe estar debidamente fundado y motivado; hoy, enarbolado en el bienestar social. El estado de la razón -y no el de los privilegios ni el de la arbitrariedad- en todo momento debe corresponder al Estado, fundamentalmente, al Estado de Derecho. Se actualice o no la necesidad de la Razón de Estado, siempre se debe actuar en pos del bienestar de la comunidad.  

Enrique Quiroz Acosta

ABOGADO