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Di ¡No!

La participación militar en tareas de seguridad pública puede ser necesaria, siempre y cuando sea excepcional y temporal

OPINIÓN

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El gusto del gobierno de Morena por apoyarse en la fuerza militar se ha hecho patente en el caso de la lucha por controlar el huachicol. En vez de arrestar a los aliados y operadores internos de los cárteles en Pemex usando a la Policía Federal, y combatiendo en tierra a los huachicoleros, el gobierno prefirió un uso hollywoodense del Ejército y la Marina dentro de Pemex y en zonas donde se encuentran los ductos. Y una de las razones de esa preferencia es la suposición gubernamental de que a mayor presencia callejera de las Fuerzas Armadas, mayor intimidación y sumisión de la sociedad. La misma lógica se aplica a la propuesta de Morena de militarizar la seguridad pública nacionalmente. Morena y AMLO han decidido ir en contra de convenios internacionales firmados por México que recomiendan, al unísono, adscribir los problemas de la seguridad pública al ámbito policiaco, no militar, asegurando mandos civiles irrestrictamente. La participación militar en tareas de seguridad pública puede ser necesaria, siempre y cuando sea excepcional y temporal. En todos los países donde las Fuerzas Armadas han participado de manera permanente en esas tareas, han terminado incrementando los índices de violencia, incluso con casos donde los militares asumen la dirección política, ocasionalmente a través de golpes de Estado. La propuesta de Morena está incurriendo en varios errores que podrían llevar a México a convertirse en una situación de excepción. En primer lugar, está el problema del mando. Se propone que los mandos sean militares, aunque ahora se propone maquillar esa parte de su propuesta, diciendo que estarán subordinados a la SSP. Pero en la calle, en enfrentamientos armados, no hay lugar para discusiones. De antemano se define quién manda y quién obedece. Y la propuesta de Morena es que, en la calle, manden las Fuerzas Armadas, no los civiles. De ahí el juego de los nombres. Si lo que se crea es una “Policía Nacional” se entendería que opera bajo el mando civil. Llamarlo “Guardia Nacional” es para desvirtuar el carácter civil del organismo, abriendo la opción del mando militar. En el nombre va su origen y naturaleza. Y el nombre sirve como cortina de humo para eternizar y normalizar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país, lo cual equivale a mantener un Estado de sitio permanente, aunque los legisladores morenistas ahora aleguen que será finita la participación militar, hablando de fechas “tentativas” (¿2024?). ¿De verdad todo el sexenio de AMLO? Por otro lado, proponen dotar a las Fuerzas Armadas de facultades investigadoras, sin especificar los alcances de esa función. La experiencia internacional está repleta de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas cuando gozan de facultades investigativas. Al respecto, la ONU recomienda no otorgar esas facultades a las Fuerzas Armadas, porque rompe con el sistema jurídico de cualquier país y tiende, progresivamente, a anular el funcionamiento normal del Estado de Derecho. En consonancia con lo anterior, la propuesta morenista tampoco define los órganos jurisdiccionales civiles que podrán deliberar y juzgar a miembros de las Fuerzas Armadas que ocasionen destrozos innecesarios a la vida y la propiedad privada o violenten los derechos humanos de los ciudadanos. Es decir, los morenistas proponen otorgar a las Fuerzas Armadas licencia para matar. La propuesta es una aberración que debiera rechazarse por todas las razones expuestas. La fascinación de López Obrador con el uso de la fuerza no deja de ser preocupante. Tal parecería que, al hacer la propuesta de la militarización de la Policía, estaría queriendo probar los límites de la tolerancia social a un experimento autoritario de mayores alcances. ¿Después de militarizar a Pemex, y la Policía toda en México, qué quedaría por hacer para imponer un régimen cívico-militar sin fecha de caducidad? Es la hora de la acción ciudadana. Una primera acción es que todos los ciudadanos de convicción democrática deberán instar a sus representantes populares-senadores y diputados- a votar en conciencia en contra de la iniciativa de Morena, negándose a votar en función de una obligatoriedad partidista.  

Por RICARDO PASCOE

@RPASCOEP