Luego de los sismos de septiembre de 2017, el entonces dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, anunció la creación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados. A diferencia de los demás partidos y candidatos independientes, rechazó devolver financiamiento público a fin de entregar directamente "la mitad de las prerrogativas de campaña: 103 millones de pesos". Intención loable, pero incompatible con los usos que permite la ley para los recursos de un partido político. De hecho, el INE advirtió desde entonces sobre la improcedencia del mecanismo. No obstante, el fideicomiso se constituyó por un grupo cercanísimo a López Obrador como fideicomitentes, fideicomisarios y consejo técnico, así como 58 aportantes adherentes, 49 de los cuales eran diputados del partido. Según datos y videos de la Comisión Bancaria y de Valores, la cuenta recibió transferencias y depósitos en efectivo por 78 mdp que luego fueron retirados en cheques de caja por 70 personas, 56 vinculadas a Morena. Así consta en la resolución votada por el consejo del INE, que impuso a Morena una multa de 197 mdp. Dicha resolución fue impugnada y así llegamos al fallo emitido hace unos días por la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que revocó lisa y llanamente la resolución del INE y la multa impuesta, contra toda la evidencia señalada e incluso recibir -y desestimar- constancias de los presuntos beneficiarios. Increíblemente, el Tribunal consideró que el INE no investigó de manera exhaustiva el origen y destino de los recursos y violó la presunción de inocencia de los implicados. "Existe la posibilidad -concluye la sentencia- de que el fideicomiso haya sido integrado por afiliados o simpatizantes de (Morena) con el fin de realizar apoyos de asistencia social, sin ningún fin político o electoral". La penosa sentencia del TEPJF exhibió a unos juzgadores intentando congraciarse con el Presidente electo y su partido. La justicia a secas busca juzgar hechos y fincar responsabilidades obviando valoraciones subjetivas. Por el contrario, buscando emular a Juárez el Tribunal quiso impartir justicia y gracia y acabó cobijando una ilegalidad. Algo grave ocurre cuando las instituciones democráticas buscan plegarse al poder. Los contrapesos se diluyen y se pierde el equilibrio de fuerzas. Lo estamos viendo en el Legislativo, en la procuración de justicia y en lamentables resoluciones del Poder Judicial. Más que la Cuarta Transformación anunciada, damos pasos firmes hacia una profunda regresión institucional. El costo lo pagaremos todos.
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LA MIRILLA. Esta columna se muda temporalmente a Washington, DC, con la intención de transmitir a los lectores una visión de la coyuntura política y opiniones de actores relevantes en momentos cruciales para la relación México-EU y el futuro de ambos países.