El domingo por la tarde, Kenchan, un viejo amigo de origen japonés, me pidió ejemplos de dinero o de excesos que los magistrados o los diputados y los senadores se aprueban a sí mismos en México, sin mediación de sesión ordinaria, votación reglamentaria, aprobación rudimentaria, ni nada que se le parezca.
Cité la palabra “discrecionalidad”, maldita en el territorio de la transparencia en el uso de los recursos públicos, y le di dos ejemplos. Unas horas después, la realidad mexicana nos regaló esta perla.
Todo estaba listo para que los nuevos senadores fueran recibidos con un abrazo de 392 mil pesos en bonos (en dinero para decirlo sin eufemismos), nomás porque sí. Junto a ese cheque recibirían su primer pago mensual de 118 mil pesos y además podrían contar con 250 mil pesos cada mes como apoyo el trabajo de gestión y legislativo.
A ver si se entendió bien: el plan era que cada uno de los 128 senadores de la 64 Legislatura recibiera en bonos tres veces su salario nominal de 118 mil pesos, o casi tres cuartas partes de lo que recibirán cada mes (250 mil pesos), como apoyo a su trabajo legislativo. El plan era, en pasado, porque la noticia provocó ayer un pequeño terremoto en el Senado. Martí Batres, líder de la nueva mayoría de Morena, anunció que había pedido a las autoridades de la Cámara frenar la decisión.
“Las reglas han cambiado”, escribió Batres en su cuenta de Twitter y anunció que no habrá apoyos para recibir coches ni para otros privilegios. “La dieta se va a disminuir y no habrá bonos”.
Cuando a Kenchan le conté de la existencia de las partidas discrecionales o las subvenciones fijas por más de mil millones que se aprobaron los diputados en las últimas legislaturas, sin condiciones de comprobación fiscal, se sorprendió, y luego se puso escéptico.
Preguntó si reducir los salarios de los diputados, como se ha anunciado, podría llevarlos (otra vez) a corromperse.
La cancelación de los bonos es solo el copete de una gigantesca estructura de discrecionalidad, excesos y opacidad en el Senado y la Cámara de Diputados.
Las subvenciones extraordinarias que datan desde 2006 permitían que cada coordinador recibiera 132 mil pesos al mes por cada uno de sus diputados, de manera adicional al salario, los apoyos legislativos y de gestión y los bonos que recibe cada legislador.
Además de su dieta mensual de 77 mil pesos, los 500 diputados recibieron cada mes otra cantidad similar para trabajo y gestión que justificaron con recibos sin validez fiscal, hasta que el SAT les pidió hace año y medio presentar al menos el 50 por ciento de facturas oficiales.
El episodio de la cancelación de los bonos es apenas una muestra minúscula de las canonjías y los abusos que deberán eliminar las nuevas mayorías en el Congreso.
Si no lo hacen, estarán replicando la simulación del gobierno peñista
Martes 10 de Diciembre de 2024