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Discriminación de inmigrantes, un mal empresarial

La disposición antidiscriminatoria de EU prohíbe a las empresas pedir requisitos documentales innecesarios

OPINIÓN

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En el país de las demandas judiciales, donde se puede dar entrada a proceso a casi cualquier causa: por un bache, por un adjetivo calificativo o un cabello en la sopa, sorprende que mensualmente sólo llegue a sentencia un caso de discriminación laboral por razones migratorias en la era de Donald Trump, cuando los residentes y asilados con documentos están en la cuerda floja. El Departamento de Justicia registra en promedio 12 casos resueltos al año y todos por un acuerdo entre la empresa y el gobierno de Estados Unidos con indeminizaciones muy bajas a diferencia de los millones que se pagan en arreglos conciliatorios por otro tipo de discriminaciones como las de raza y las de género. En uno de los caos más recientes, la justicia federal anunció un acuerdo con Rose Acre Farms, de los principales productores de huevos en EU, cuya sede se encuentra en Indiana, para que ésta pague una multa e indemnice a trabajadores a quienes, entre junio de 2009 hasta el 22 de diciembre de 2011, la empresa exigió una tarjeta de residente permanente aunque tenían permisos para trabajar. La disposición antidiscriminatoria estadounidense prohíbe a las empresas someter a sus contratados a requisitos documentales innecesarios con base en la ciudadanía o nacionalidad de origen por considerar que esto significa tratar a los empleados de una forma diferente a los locales. Rose Acre pagará sanciones civiles que ascienden a 70 mil dólares, capacitará a sus empleados en cuanto a la disposición antidiscriminatoria y se someterá a la supervisión durante 2 años, una conclusión que el Departamento de Justicia presumió públicamente aunque mezquina para el contexto social y político. Una situación similar ocurrió en mayo pasado con una residente permanente legal que demandó a Jc Penney por reverificar de forma ilícita su autorización para trabajar. Finalemente, la trasnacional fue sancionada con una multa de14mil 430 dólares para pagar al Estado y 12 pagos retroactivos por $11,177,60. En otros casos, como ocurrió con Themesoft, una empresa con sede en Texas que ofrece servicios de asesoría y contratación a clientes en el sector tecnológico que negó empleo a un asilado, el acuerdo sólo llegó a sanciones civiles tales como la capacitación a su personal y revisiones durante tres años. Los abogados coinciden en que el principal problema para que las demandas por razones de discriminación migratoria no prosperen con la misma fuerza que las de otros tipos radica principalmente en la falta de unidad: pocas veces se ven a residentes en grupo peleando por una causa común. En contraste sí es común ver demandas masivas de mujeres, entre las más actuales una contra el súper poderoso de Wall Stret Goldman Sach, por pagar entre 21% y 8% menos a ellas aunque tuvieran el mismo puesto que sus pares varones, desde los puestos más bajos hasta la vicepresidencia. Y aunque aún no se consolida una victoria ejemplar para ellas, al menos, han envalentonado a otros colectivos. *Periodista