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Que fue el Estado

Las autoridades competentes se limitaron a verlo como un delito común y no como lo que realmente fue

OPINIÓN

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Cuatro años y las lágrimas, la barbarie, la impunidad, la injusticia siguen ahí. La lucha de los normalistas de Ayotzinapa y de los padres de familia sigue ahí. La herida y la exigencia de justicia nacional e internacional siguen ahí. Pero también se sigue sosteniendo la necedad de la teoría de la Verdad Histórica con la que se pretende señalar a la delincuencia, policías municipales, al presidente municipal de Iguala de entonces y su esposa como autores intelectuales y materiales del abominable crimen, sin que nadie hasta el momento haya sido sentenciado. Siendo diputado por la LX Legislatura del Congreso de Guerrero, consigné la falta de reacción del gobierno federal, su incapacidad para reconocer que siempre se trató de un asunto del orden federal (delincuencia organizada). No dudé en señalar que esa atrocidad fue un crimen de Estado y, además, acompañado de una flagrante irresponsabilidad política. Sin embargo, las autoridades competentes se limitaron a verlo como un delito común y no como lo que realmente fue: un crimen y una irresponsabilidad política de Estado. Se veía venir. Todo el mundo sabía que el empresario igualteco se había casado con una hermana de peligrosos integrantes de la delincuencia organizada. Operaba para ellos en lo económico y en lo delictivo. Efectuaba importantes inversiones empresariales. Entregó a la policía municipal en manos de ese grupo criminal, para que le facilitara el trasiego de drogas, secuestros y extorsiones. Se adueñó de un pedazo del Estado Mexicano como lo es el municipio de Iguala al controlar en su totalidad el ayuntamiento. Sabiendo la relación del empresario y, después, alcalde de Iguala con la delincuencia organizada, no le importó al PRD postularlo en 2012. Este partido había apoyado antes la candidatura a gobernador de Ángel Aguirre Rivero y, en ese mismo año, al actual Presidente electo en su segundo intento por ganar la presidencia de la República. El PRD no ignoraba los vínculos del alcalde con el crimen organizado, pero nadie de este instituto actuó judicial, gubernamental y políticamente. Las dependencias del Gabinete de Seguridad Nacional tenían la información sobre las relaciones entre el alcalde de Iguala y el grupo delictivo, conocían sus operaciones y actividades criminales, sabían de homicidios como los del sobrino del hoy senador de la República, Félix Salgado Macedonio, y del activista Arturo Hernández Cardona que fueron puestos en conocimiento del entonces Fiscal de Guerrero, Iñaqui Blanco, quien por cierto fue la primera autoridad que llegó a atender el problema la misma noche del 26 de septiembre. Estos hechos se minimizaron y se desatendieron en aras de otros objetivos. No se desactivó ese golpe que se veía venir y que mandaría a la lona para nunca más levantarse al Presidente de la República Enrique Peña Nieto. Ni una sanción, ni una destitución. Diacrítico: La esencia del Estado de Derecho consiste en que tiene la capacidad de autorregularse y, más importante, autosancionarse.   JCAMACHO68@GMAIL.COM JORGE CAMACHO @CAMACHO_JORGE