En las elecciones del 1 de julio no se “soltó al tigre”, pero se soltó al gobierno electo. En el discurso de triunfo de Andrés Manuel López Obrador, las promesas comenzaron a fluir y parece que estamos ante el inicio de otra campaña electoral.
La pensión universal para los adultos de 65 o más años, las becas a estudiantes y los apoyos para jóvenes que no estudian y no trabajan fueron algunas de las banderas de Morena en la campaña y promesas del Presidente electo.
Llevarlas a la realidad requieren hacer ajustes al presupuesto, que para 2018 fue de 5.3 billones de pesos y que para 2019 se prevé que llegue cerca de 5.6 billones. Los gastos del próximo gobierno tienen un impacto presupuestal de más de 700 mil millones de pesos anuales.
En el gasto social están las pensiones para adultos mayores con 132 mil millones de pesos, las becas a estudiantes de preparatoria y universidad, 129 mil millones depesos; becas para jóvenes que no estudian ni trabajan, 99 mil millones y apoyo a personas con discapacidad, 105 mil millones.
En el gasto de inversión, en montos anuales, se tiene el tren maya, con 25 mil millones de pesos (si se hiciera en seis años), dos nuevas refinerías, con 53 mil millones de pesos y, por último, –aunque no sería inversión, sino desinversión– cancelar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 20 mil millones de pesos anuales. Otros impactos en la disposición de recursos están en la descentralización de las oficinas –que no del gobierno– por 21 mil millones de pesos y la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto Sobre la Renta (ISR) en la frontera norte del país por 120 mil millones de pesos.
Para contrarrestar el impacto de estas medidas se pretende reducir los sueldos a los funcionarios, lo que generaría un ahorro neto (reducción de salarios descontando el pago de impuestos) de 19 mil millones y cancelar las pensiones a expresidentes solo ahorraría 23 millones de pesos anuales.
Por otro lado, con el plan de austeridad, compras consolidadas, recortes que hagan de rentas y combate a la corrupción podrían tener un ahorro de 110 mil millones de pesos. En suma, 129 mil millones de pesos. La brecha entre los gastos prometidos y los ahorros deseados supera 575 mil millones de pesos, más de 10 por ciento del presupuesto o 2.6 por ciento del PIB.
Ante este escenario hay tres alternativas. La primera, aumentar los impuestos para financiar los gastos crecientes; segunda, ampliar el déficit y endeudarse para pagar el gasto y, tercera, ajustar a la baja las promesas.
Quizá el camino a seguir será una mezcla de las tres alternativas: se mantendrá alto el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a gasolinas, se ampliará el déficit y se amarrarán algunas expectativas, como ya se hizo con la pensión para adultos mayores que no será universal a partir de 65 años, sino hasta que se tengan 68 años.
Hacer campaña y gobernar son tareas distintas, gobernar requiere de mayores responsabilidades y capacidades, ojalá que tengamos un presidente que quiera gobernar. FAUSTO BARAJAS
ECONOMISTA Y ESPECIALISTA EN POLÍTICA PÚBLICA