Mucho se ha comentado en días pasados que la administración del presidente Enrique Peña Nieto le está haciendo el trabajo sucio a Andrés Manuel López Obrador al detonar una espiral de alzas a las tarifas eléctricas industriales, misma que tiene al borde de la quiebra a más de medio millón de empresas, según los datos que ha difundido la Concamin, de Francisco Cervantes.
Se habla de que, a cambio de que no se modifiquen las bases de la Reforma Energética y se respeten los contratos que se tienen con los inversionistas privados del sector, el actual gobierno está dispuesto a cargar con el desprestigio frente a la clase empresarial completa; esto para procurarle a los siguientes funcionarios una relación todavía más tersa con los hombres del dinero.
En lo que va del año, las tarifas eléctricas para el sector industrial se han incrementado alrededor de 70% y, según los datos revelados por los empresarios, en algunos casos los mencionados incrementos han llegado a ser de hasta 81%, afectando directamente a más de la mitad de las empresas que operan en el país.
Circula también el rumor, avivado por la Concanaco Servytur, de José Manuel López Campos, de que se prepara para noviembre un nuevo incremento de dos dígitos a los costos de la electricidad, tanto en el sector empresarial como en el doméstico, el cual sería el cerrojazo de una administración a la que ya no importa ver incumplidas sus metas y promesas en materia energética.
No obstante, aseguran las compañías que participan como suministradores en el mercado industrial, existen ciertas sutilezas en el mercado eléctrico que podrían no ser del conocimiento del futuro mandatario o de su equipo cercano que, de no resolverse, dejarían un verdadero polvorín al director de la CFE, Manuel Bartlett, y a la próxima secretaria de Energía, Rocío Nahle.
Resulta que entre las acciones principales que podrían tomarse para disminuir el promedio de las tarifas eléctricas se encuentra la de desaparecer el fenómeno de la “socialización de las pérdidas no técnicas”, un proceso mediante el cual buscan recuperarse las pérdidas que la CFE tiene por falta de pago o por el robo de energía; esto mediante un cargo adicional que llega a ser de hasta 26%, a las tarifas que pagan los empresarios.
Comentamos en este mismo espacio que existe ya un acuerdo entre la Comisión Reguladora de Energía, de Guillermo García Alcocer, y el Centro Nacional de Control de Energía, de Eduardo Meraz, para eliminar estos cargos adicionales a las tarifas empresariales; pero que, justo en el momento en que se subiría la propuesta al pleno de la CRE para ser aprobada, en agosto pasado, los comisionados decidieron retrasar la decisión.
El tema no es poca cosa, pues representa dejar de percibir unos 30 mil millones de pesos; es decir, un necesario golpe que, de existir una real intención de apoyar el manejo energético de la siguiente administración, debería ejecutarse desde ahora; pero cuya ejecución, al parecer, se ha decidido cargar a los siguientes funcionarios.
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@ALEXSANCHEZMX