Más sorpresas después de la elección del 1 de julio. Sobre la voluntad popular emitida en los votos, se recurre a recovecos legaloides para imponer intereses por encima de la ley y del sentido común. El caso de la renuncia de mujeres victoriosas en la elección en Chiapas, para dar paso a hombres en sus puestos, es una forma más de fraude a la ley. Si a la ortodoxia nos vamos, lo cierto es que las votaciones muestran quién y a través de qué partido gana una elección. Con esa certeza votamos el 1 de julio.
Pero lo primero que se observa es un tránsito de legisladores de un partido a otro, como resultado de negociaciones políticas y con el fin de configurar mayorías artificiosas en las cámaras.
No hay ilegalidad que cuestionar, pero es evidente la falta de compromiso ideológico y partidista de quienes optan por el cambio de bandera a las primeras de cambio. Quienes votaron por dichos legisladores por su entereza o su afiliación partidaria, estarán decepcionados con razón. Lo mismo ocurre en el caso de las nuevas Juanitas.
En Chiapas, la situación es más grave por los antecedentes de la elección de 2015 y por la ingenuidad con la que se perpetra la estrategia de la renuncia de candidatas ganadoras.
En 2015, varios partidos buscaron no registrar el número de mujeres que exigía la jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, una semana antes de la elección, el Tribunal obligó a los partidos a sustituir hombres por mujeres en sus candidaturas, hasta alcanzar la paridad en las postulaciones. Además, los consejeros del órgano local electoral fueron destituidos por el INE, por permitir esa irregularidad.
Resulta increíble que hoy algunos partidos busquen darle la vuelta una vez más a la ley, al hacer renunciar a candidatas ganadoras y a sus suplentes, mujeres de diversas listas de representación proporcional, para que lleguen al puesto los hombres que siguen en el orden. Una vez más se busca que lleguen a puestos de representación personas que no alcanzaron el triunfo en las urnas, así sean candidatos de representación proporcional.
Fue ingenuo pensar que esa estratagema triunfaría sin reacción de las autoridades electorales y líderes de opinión.
Tanto el Consejo General del INE, como el del órgano electoral local, manifestaron la intención de detener ese fraude a la ley y perseguir el hecho de cómo un caso de violencia política contra la mujer. El problema podría ser la estrategia legal que seguirán las autoridades para detener esta intentona de los partidos, en especial, cuando no hay denuncias al respecto y algunas de las renunciantes aseguran que lo hacen por voluntad propia. Una sorpresa más sería que, cuando el caso llegue al Tribunal, la Sala Superior deseche “lisa y llanamente” el tema y permita el atropello, como ocurrió en el caso del manejo de los recursos en el fideicomiso de Morena.
ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ
DECANO DEL ITESM, EX CONSEJERO ELECTORAL. @ARTUROSANCHEZG