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Pedro Ángel Palou: Legalizar las drogas

OPINIÓN

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Hasta el día de hoy nuestra incipiente democracia ha sido incapaz de hacer frente a los verdaderos retos del país. La inequidad es quizá la más grave —las cifras de pobreza extrema son aún más alarmantes que en los años 90, antes de nuestra incorporación total al neoliberalismo—, y como sabía bien Norberto Bobbio: a mayor pobreza mayor marginalidad política. Además de esa falla sistémica de nuestra democracia, está la incapacidad total de democratizar el Estado (desde la impartición de justicia hasta la promulgación de leyes; desde el Ejecutivo a la Suprema Corte, el nuestro sigue siendo un sistema vertical y autoritario). En pocas semanas conoceremos plenamente el Plan Nacional de Andrés Manuel López Obrador, pero ya es clara la voluntad del nuevo gobierno —anunciada por la próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero—, de replantear dos aspectos centrales de la seguridad. Una Secretaría de Seguridad que concentre los esfuerzos del Estado, y cuya base sea la prevención y no la criminalización. Esto pasa, por supuesto, por la regularización de las drogas —no su liberalización—, la exministra ha sido clara incluso pensando en el trasiego despenalizado, no solamente su consumo recreacional o medicinal. La legalización nacional del aborto, por otro lado —la despenalización— abona en ese nuevo proyecto donde el cuerpo del ciudadano y de la mujer en particular no es regulado por la biopolítica estatal. Está también el asunto de la amnistía, del que ya hemos hablado aquí. Base de una posible reconciliación y de una nueva política de paz, no de guerra. En algún momento el iniciador, Felipe Calderón, quiso suavizar el término guerra, y en un traspié freudiano dijo: “Mi lucha contra el narcotráfico”. La estrategia securitista del Estado que ha estudiado muy bien Oswaldo Zavala en su libro Los cárteles no existen, ha mostrado ser del todo fallida. Apostar por la paz no debería tener críticos, sino un franco apoyo de todos los sectores de la sociedad. Pasó con las autodefensas y con el doctor Mireles —ahora exonerado, cuando ya no puede ser candidato—: surgieron legítimamente a pesar de ser ilegales, como respuesta al hartazgo. Según el filósofo Travis Dumsday puede tratarse de una respuesta ética. Las acciones de los vigilantes pueden dar esperanza a la sociedad, acordar con el gobierno sus obligaciones legales, e incitar a la sociedad a levantarse en contra del estado de las cosas. Las autodefensas fueron muestra de un ‘ya basta’, que ahora se expresó democráticamente en las urnas. Un caso aparte, digno de estudio, sería el de Nestora Salgado, electa senadora y utilizada torpemente por Meade y sus asesores para criminalizar a Morena. El Estado debe ser el garante de la paz, no el iniciador de la guerra. Su papel no puede ser necropolítico. Tiene razón el antropólogo Claudio Lomnitz: la violencia no focaliza. Es la propia estructura antropológica en zonas geográficas, lo mismo de Guerrero o de Michoacán; es producto de la estructura antropológica de nuestro país. Esa autoritaria que una y otra vez nos impele a seguir soluciones verticales, autoritarias para males que requieren un nuevo contrato social, una nueva noción de ciudadanía, una nueva Constitución incluso, y por supuesto otra muy distinta clase política. Ojalá podamos todos abonar por la paz. Es, quizá, nuestra última salida del laberinto.