Ricardo Pascoe: Argentina, la oportunidad postergada

El jueves pasado, a temprana hora en la madrugada mexicana, el Senado argentino votó mayoritariamente por rechazar el proyecto que legalizaría la interrupción de un embarazo por parte de una mujer que haya tomado esa decisión. No era una ley que obligaba a las mujeres a interrumpir sus embarazos; simplemente permitía a las mujeres tomar la decisión que mejor se adaptaba a su situación de vida sin que, por ello, fuera juzgada y encarcelada. Era una iniciativa de ley que había sido previamente aprobada en la Cámara baja del Congreso Nacional argentino. Ahí también suscitó un gran debate nacional, en el cual intervino con fuerza las iglesias diversas, tanto católica como las evangélicas o protestantes. Las iglesias encabezaron la oposición a la legalización de la interrupción del embarazo en Argentina. Según fuentes de organizaciones defensoras de los derechos humanos y del Ministerio de Salud en Argentina, se practican alrededor de 350 mil a 500 mil abortos clandestinos en el país al año. Se calcula que mueren 80 mujeres al año debido a procedimientos fallidos. Esa cantidad de procedimientos son fuente de persecución policial y ministerial por oficio. Argentina enfrenta un problema social y legal de gran magnitud, como los demás países de América Latina. El problema llegó a este punto debido a que el Presidente Mauricio Macri planteó la necesidad de resolver un tema que divide profundamente a la sociedad. Conociendo la opinión personal de Macri sobre el caso, en contra de su legalización, a algunos les pareció sospechoso que demandará una votación del Congreso sobre el tema. Sin embargo, como gobernante se tiene una visión que matiza las opiniones personales: ante graves costos sociales, económicos y legales de un tema que tiene enfrentada a la sociedad, era más conveniente obligar a definiciones en vez de mantenerlo en la penumbra de la discordia. Si bien la Cámara de Diputados votó a favor de la iniciativa de ley, también es cierto que fue reñida: 131 a favor y 123 en contra. En el Senado ganó el rechazo: 38 en contra y 31 a favor. Es de notarse que las senadoras votaron divididas: 14 a favor y 14 en contra. Por tanto, fue el voto de los legisladores varones el que definió el sentido final del Senado. Un estudio parlamentario reveló que la edad promedio de los senadores argentinos es de 67 años. Es decir, se definió el tema de la interrupción legal del embarazo en Argentina por una gerontocracia conservadora y poco propensa a aceptar cambios en su país. Lo relevante de la postura del Presidente argentino vino después de la votación en el Senado. Aseguró que el debate sobre la interrupción del embarazo seguirá en Argentina. Abogó, de entrada, por reforzar la educación sexual y el acceso a anticonceptivos para frenar especialmente los embarazos entre mujeres adolescentes. Afirmó la importancia de seguir trabajando en la formación integral de profesores de las escuelas para que incluyan el capítulo de la educación sexual en la matrícula. Habló, también, sobre la necesidad de distribuir métodos anticonceptivos “de larga duración” en el país, especialmente en las provincias del norte y la de Buenos Aires, que son las que registran una mayor cantidad “de embarazos no deseados”. Obviamente la epidemia de embarazos adolescentes no es un fenómeno privativo de México. Adicionalmente el Poder Ejecutivo argentino planea presentar a su Congreso un proyecto de modificaciones al Código Penal que autorizaría a un juez a eximir de una pena a la mujer que practique un aborto. Tampoco sería punible esta práctica en el caso de un embarazo producto de un abuso sexual, siendo éste un término legal más amplio y elástico que el concepto de “violación”. Se comprometió a enviar el proyecto de propuestas de modificaciones al Código Penal en este mismo mes, por lo cual el debate sobre el tema seguirá vivo. La legislación vigente desde 1921 considera el aborto un delito, aunque estipula que “no es punible” cuando se encuentra en peligro la salud y/o vida de una mujer o es producto de una violación. Plantear el problema en términos de salud pública y protección a la vida de las mujeres representa un paso importante. Pero el dilema de fondo reside en si las mujeres pueden y deben ejercer el derecho a decidir sobre el uso/destino de sus cuerpos, o si es prerrogativa del Estado definir cuándo y cómo deben ejercer sus derechos. Argentina estuvo cerca de permitir que las mujeres pudieran ejercer pleno derecho sobre sus cuerpos sin la intervención del Estado y su moral acompañante. De momento se perdió una oportunidad. Pero no está resuelto el problema, simplemente se postergó. RICARDOPASCOE@HOTMAIL.COM @RPASCOEP